Falleció el pasado15 de marzo la cantante Vicky y eso me hizo pensar en que como profesor de historia, hay también que destacar los aportes de los artistas a la construcción de la identidad cultural colombiana.

Cuando estas líneas salgan impresas habrá pasado la marcha convocada para el 1º de abril por varios sectores, entre ellos el Centro Democrático y los líderes del No, victorioso en el plebiscito con más de seis millones de votos que representaban un mandato de la democracia; mandato desobedecido por el Gobierno para atender sus ilegítimos compromisos con las Farc; escamoteado a los votantes con el concurso de las mayorías “enmermeladas” en el Congreso.

El pueblo cajamarcuno sentó un valiente precedente histórico a nivel mundial en materia ambiental.

Haciendo valer la norma de normas, el pueblo como constituyente primario se presentó a las urnas a hacer valer el derecho a la vida, al ambiente sano y al preciado líquido: “el agua”.

Fue una lucha de varios años, que contó con el respaldo de ambientalistas nacionales e internacionales,  para derrotar al gran monstruo de la mega minería, de las maquinarias politiqueras, de funcionarios corruptos, que se prestaron para avalar semejante desastre ambiental.

Finalmente se consumó con el golpe de estado propinado por el  Poder Ejecutivo y el Judicial al Legislativo la ruptura definitiva del orden constitucional en Venezuela. Culmina así un proceso continuado de despojo de las competencias de la Asamblea Nacional por los otros dos poderes del Estado que se perpetró con la indiferencia de los Estados Miembros de la OEA.

El hacinamiento carcelario, el cual actualmente se estima en más del 50% con expectativas de llegar al 70% en cuestión de años, ha sido desde siempre una de las grandes deudas sociales de nuestro país. La incapacidad del estado para proporcionar condiciones humanitarias a sus presos, y llegar así a una verdadera resocialización del condenado, como supuestamente se propende según lo consignado en nuestra política criminal, se ha convertido en una talanquera para la mismísima administración de justicia.

El Gobierno del Presidente Santos sigue secuestrado por el régimen de Maduro.

A pesar de todos los desafueros en que ha incurrido esa dictadura, Colombia continúa actuando como si se tratara de episodios menores que pueden ser enfrentados con declaraciones sonsas.

La ruptura del orden constitucional en Venezuela es un hecho, una realidad que se expresa con acciones evidentes y constantes.

Ahora el Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión de asumir las funciones propias del poder legislativo con el cuento de que éste se encuentra en desacato.

La Constitución de 1991 consagra la democracia de partidos y movimientos políticos, para lo cual dispuso que dichas agrupaciones deberían tener personería jurídica, celebrar convenciones, conformar legalmente sus directivas, registrar sus gastos, acreditar a sus miembros, otorgar avales; recibir los dineros de la reposición electoral según los votos que se obtengan en las elecciones. Lo que significa que los que están por fuera de los partidos ejercen apenas un influjo político simbólico...

Las sentencias 155 y 156 de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de las cuales fueron abolidos el Estado de Derecho y el sistema democrático venezolanos, son el colofón de un dilatado proceso de erosión institucional que se remonta, por lo menos, a las elecciones legislativas de 2005, ─a las que no concurrió la oposición, allanando el camino para que el Chavismo dominara por completo la Asamblea Nacional.

Cabe preguntarse si la humanidad aprende algo de sus errores, incluyendo los más graves y atroces. A veces se puede pensar que sí. Desde hace un tiempo no muy largo, pero ya visible, se escucha a quienes han cometido delitos o acciones abominables, pidiendo perdón. Podemos creer que muchos lo piden sinceramente, a sabiendas de que esto no los libera de la culpa ni del castigo, pero ayuda a sanar en algo el corazón de los ofendidos y también su propia alma.

Asistimos, en Colombia, cada día, a descalificación de prácticas religiosas, que, por el sentir mayoritario de nuestras gentes, se han venido cumpliendo por gobernantes que llevan en sus venas principios católicos. Basan esa actitud descalificadora en la afirmación de que nuestro País, por la Constitución de 1991, quedó establecido como “Estado laico”.