Cuando uno analiza los últimos acontecimientos vividos en el país se encuentra sorprendido de observar cómo se han deteriorado los valores éticos y hasta qué niveles ha llegado la corrupción en nuestra sociedad, especialmente en temas relacionados con la administración pública. Los escándalos que estamos viviendo nos tapan y no nos dejan ver el trabajo que en materia de desarrollo de nuestra infraestructura se ha hecho en este Gobierno. Hace pocos años era prácticamente imposible recorrer las distintas regiones de Colombia porque las carreteras que había eran verdales.

Al comienzo de marzo el Presidente Santos cínicamente declaró, refiriéndose a Odebrecht: “A esa empresa en mi gobierno le ha ido como a los perros en misa”,  luego afirmó que “esa empresa” había querido participar en 20 contratos pero solamente había ganado uno. Lo que muy astutamente omitió  era que, precisamente, ese era el contrato más grande y costoso de Colombia, el dragado del Rio Magdalena, además de una multimillonaria adición al contrato de la Ruta del Sol.

La filosofía popular es la más seria de todas las conclusiones y lo es porque deriva de las experiencias. La repetición de las vivencias  termina convirtiéndose en norma consentida,  porque la costumbre es fuente de seguridad del comportamiento y para no correr contingencias lo mejor y lo normal  es actuar como todos lo hacen. Por esa razón, la costumbre generalizada se vuelve regla de conducta.

Los expertos en protección saben perfectamente que en el ámbito de la seguridad ciudadana uno de los factores más preponderante es  la justicia. Todos los demás elementos como la ciudad, los ciudadanos, la policía y la administración, a la larga dependen para su desarrollo y éxito en el trabajo, de una buena y pronta justicia.

Por unanimidad la Asamblea del vecino  país decidió el pasado siete de marzo quitar el “arancel patriótico” del treinta y cinco por ciento que se  cobra desde 1999 a los productos  y servicios colombianos. “Vamos a tener acceso a importaciones de buena calidad,” afirmó el presidente del Consejo Superior de la empresa Privada (Cosep), José Adán Aguirre, quien destacó la decisión del gobierno sandinista.

El Secretario General de la OEA, DON (así, con mayúsculas) Luis Almagro propuso la semana pasada que Venezuela sea suspendida de la OEA si no realiza elecciones limpias de inmediato. El fundamento jurídico de Almagro es la Carta Democrática, aprobada por unanimidad, incluido el voto de Chávez, en 2001, con el objeto de proteger la democracia en la región. Chávez temía un golpe de estado por lo que apoyó fervientemente la Carta.

Trump ha elegido a Raqqa para cristalizar su visión estratégica sobre un mundo caótico del que no puede aislarse una gran potencia como los Estados Unidos.

En ese sentido, quienes pensaban que su política exterior y de seguridad iba a basarse en un aislacionismo centrado en los problemas internos no supieron interpretar la verdadera dimensión de sus planteamientos y nombramientos.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (Cnumad) de 1992, que tuvo lugar en Río de Janeiro y que marcó un hito histórico, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día mundial del Agua. Se trataba y se trata de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia del recurso hídrico, sobre la necesidad de protegerlo y hacer un uso más racional del mismo. Ello es cada día más apremiante, dada la severidad y recurrencia de la variabilidad climática con sus fenómenos extremos de sequías e inundaciones prolongadas.

El desarrollo del acuerdo de paz con las Farc avanza razonablemente bien.  Se han presentado los naturales contratiempos de la tradicional lentitud del Estado colombiano para realizar obras o para simplemente coordinar acciones de varias agencias suyas, pero nada especialmente grave que haga temer por el futuro de lo acordado con ese grupo armado.

Hay épocas en las que surgen unos pastores iluminados, que quieren atropellar  a los que profesamos la fe católica, escudándose en la libertad de cultos, establecida en la Constitución del 91, artículo 19 donde se otorga a cada persona el derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Por estar en un Estado laico pretenden excluir las virtudes de la teología católica, que se infunden en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones.