Colombia está, otra vez, debatiendo una reforma tributaria.
El Gobierno tenía que ponerla en consideración del Congreso debido a la necesidad de cubrir el gigantesco hueco que padecen hoy las finanzas públicas, y a las advertencias de las calificadoras de riesgo.
Pero la administración Santos no puede eludir la responsabilidad que le cabe por la imprevisión en el gasto y la falta de medidas para anticiparse a las épocas de vacas flacas, en tiempos de bonanza.