No deja de llamar la atención que todos los burgomaestres del país, para manejar o controlar la seguridad de sus municipios, pidan incrementar el número de efectivos policiales; una estrategia simplista que demuestra la falta de preocupación por este aspecto tan sensible para la comunidad.

Para consolidar la paz tenemos que seguir adelante y la prórroga del cese al fuego bilateral garantiza que puedan definirse, con sentido común, los ajustes al acuerdo que no obtuvo la refrendación popular en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

El exalcalde Jaime Castro, uno de los promotores del “No” en el plebiscito, pidió al Gobierno que le explique si el Acuerdo de La Habana es o no, uno de aquellos contemplados en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

Voy a tratar de dar respuesta a esa pregunta. Hay un principio general de interpretación según el cual las normas jurídicas, internas o internacionales se interpretan conforme al sentido corriente de las palabras, a menos que la misma norma les dé un sentido distinto.

Por cuenta del fangal en que se encuentra el futuro de los Acuerdos de Paz entre las Farc-Ep y el Estado colombiano, hemos dejado pasar otros problemas que siguen siendo graves y que, hacen parte de nuestro día a día sin que nadie les esté poniendo suficiente atención.

De un momento a otro se desata una depresión tropical que comienza a inundar las áreas más vulnerables del país.

En ese mismo instante, un terremoto de 7,2 en la escala de Richter, con tsunami incorporado, estremece a otras regiones costeras.

Al tiempo, un gigantesco volcán entra en erupción, activa a los otros que le circundan, y arrasa con todo lo que encuentra a su paso.

En Colombia, según el DANE, se registra un número que supera los 5 millones de niños y niñas con edades que oscilan entre 0 y 5 años, que hacen parte de la primera infancia, así definida en el Código de la infancia y la adolescencia. Tal vez la población más vulnerable entre los vulnerables, sobre todo por su alto grado de indefensión, es la población infantil. Por ello no es de extrañar que para el año 2015 el 40.3% de la niñez estaba en condición de pobreza, la cual se traduce en su desprotección.

El Gobierno Santos ha quedado desubicado ante la derrota del plebiscito. El Presidente de la República no sabe qué hacer, la Unidad Nacional se ha quedado con el pecado y sin el género y las Farc siguen aferradas a un acuerdo que ya no existe. El Gobierno promueve marchas y concentraciones de “espontáneos” que exigen un “Acuerdo Ya”, buscando conseguir en las calles lo que perdieron en las urnas. Simultáneamente, desde el Palacio de Nariño, se inventan “leguleyadas” para revivir lo pactado y burlar, con apariencia de legalidad, la voluntad popular.

Su trabajo por la paz no es reciente; además, se trata de uno de los funcionarios más capaces y de mayor confianza para el Estado colombiano en el manejo del tema.

En 1991, luego de participar en la Asamblea Nacional Constituyente como Ministro del Interior, llevó la vocería del Gobierno durante las negociaciones con la Coordinadora Guerrillera en Caracas, Venezuela; en ese entonces conformada por las Farc, el EPL y el ELN.

El proyecto de ley del representante Rodrigo Lara, reformatorio del régimen de asignaciones testamentarias vigentes en el Código Civil, entraña una de las transformaciones socioeconómicas más importantes que puedan darse en tiempo reciente.

Trascurridas ya un par de semanas después del plebiscito, aun soplan vientos esperanzadores que de hacerse permanentes permitirían sellar este agitado proceso con un amplio acuerdo nacional que, ratificado con las Farc, establezca una paz que satisfaga a todos.

Las propuestas formuladas por los más caracterizados voceros del No  son aterrizadas y sensatas y será muy difícil desestimarlas ya que apuntan a corregir los errores que condujeron al mayoritario rechazo.