Nos estamos acostumbrando a algo que no solamente es contrario al concepto mismo de la función pública consagrado en la Constitución, sino que menoscaba con gran rapidez el sistema democrático e inutiliza el Estado de Derecho. Es la tendencia de los servidores públicos a evadir las normas que regulan y circunscriben su actividad, sin responsabilizarse; a buscar las líneas blancas para burlar con descaro las reglas, afirmando a voz en cuello que las respetan y las acatan. 

La Comunidad Andina conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú alcanzará el 1 de enero de 2022 un nuevo hito en su historia.

La decisión del voto es un proceso emocional. La razón está ausente en los pensamientos de la mayoría de las personas a la hora de elegir, una minúscula minoría leen los programas de gobierno y los debates son vistos por un porcentaje pequeño de la población. En el debate electoral son principalmente dos las emociones que mueven al votante: el miedo y la esperanza.

Hace poco, en un ejemplo de desconcierto que vale la pena repasar para clarificar, para destacar la incongruencia e improvisación absolutas, el Departamento de Estado le comunicó al Congreso la posibilidad de excluir a las Farc de su listado de organizaciones terroristas.
Me explico. Los Estados Unidos se inventaron ese listado para que la inclusión en él tuviera consecuencias concretas.

“Hasta que la dignidad se haga costumbre”, dijeron los jóvenes en Chile hace unos años y el eco de su determinación sigue resonando aquí en Colombia. El 28 de abril de 2021 marcó un hito en la historia de la movilización social de nuestro país, solo comparable con el paro estudiantil de 1971, cincuenta años atrás. Ese día, las calles se llenaron de consignas, carteles y cantos que reclamaban el derecho al futuro. La reforma tributaria fue el detonante, pero pronto se hizo evidente que las demandas estaban enquistadas en problemáticas más profundas.

Entendemos que la nueva variante ómicron se encuentra en nuestro país y las autoridades están desarrollando toda clase de estrategias para paliar la situación, que es más grave de lo que la mayoría de nuestros compatriotas piensan, pues no han percibido que el mundo entero ya enfrenta un reto más del coronavirus, al que nosotros no podemos ser ajenos.

La ley de seguridad ciudadana aprobada en el Congreso no criminaliza la protesta, la fortalece. Reafirma el postulado constitucional de que la ciudadanía puede reunirse y manifestarse de manera pacífica. Lo que lograremos es separar la protesta del vandalismo, los bloqueos y la destrucción.

A la usanza del Congreso de la República, me permito presentar esta moción de duelo con motivo del sensible fallecimiento, a sus 83 años, de mi excolega y amigo, el exsenador Roberto Víctor Gerlein Echeverría. Se trata de una de las figuras más descollantes y representativas de la región Caribe y del Partido Conservador, en el que militó durante toda su larga y meritoria trayectoria política. Inició en su rauda como concejal de su natal Barranquilla en 1964.

El 2021 comenzó como el año para hacer frente a las dificultades y oportunidades que planteó la pandemia del covid-19. Y uno de los mayores retos se enmarcó en la capacidad de estados y empresas para responder en el corto plazo a la grave crisis económica, así como en el desafío para adaptar las acciones y políticas en consideración a las demandas de cambios planteadas por la mayoría de ciudadanos -en todas partes- ante la crisis sanitaria, ambiental, social y política, acrecentada y desnudada por la pandemia.

Entre la incertidumbre y el optimismo se plantea el 2022. Las elecciones a la presidencia marcan la primera y la recuperación de la economía que bordea el 9.7% de crecimiento el segundo, junto con el respiro que al menos por ahora da, frente a la pandemia, el proceso de vacunación.