Ser ambientalista en Colombia, es peligroso. Según el informe anual de Global Witness, el año pasado asesinaron a 65 personas que defendían los derechos humanos en asuntos ambientales. Cuidaban nuestra casa común; nos cuidaban a todos los demás. Alzaron su voz porque consideraron que alguna actividad ponía en riesgo los recursos que garantizan nuestra supervivencia y los mataron.

Por más noble que sea una causa, las formas para lograrla importan. No podemos avalar y aplaudir cierto tipo de conductas por el simple hecho de compartir el fin que buscan. Estar de acuerdo con el proyecto de ley para reducir el periodo de vacaciones de los congresistas que ha promovido el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, no significa que se deba estar de acuerdo con las formas que ha utilizado en contra de su colega Jennifer Arias por no haberle firmado la iniciativa.

La extensión hasta diciembre de 2022 del ingreso mínimo solidario que se creó por la emergencia sanitaria, como mecanismo para transferir recursos a quienes se encuentren en condición de pobreza y vulnerabilidad, constituye una de las medidas de gasto social en que se justifica la nueva reforma tributaria.

A partir de hoy, 20 de septiembre, inician las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia, dentro de la demanda de Nicaragua contra Colombia por supuestas violaciones de sus derechos en el Caribe. Para su defensa, el Gobierno cuenta con un “pool” de abogados “internacionalistas” de primer nivel, que, de hecho, ya dejaron consignados sus argumentos en la etapa escrita del proceso.

Las cifras siguen prendiendo las alarmas frente a nuestra juventud. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló, en su informe anual, que 34.5% de los jóvenes de nuestro país en edades que oscilan entre los 18 a los 24 años, ni trabajan, ni estudian.

Esta cifra va en ascenso, y si bien puede ser consecuencia coyuntural de la pandemia, resulta llamativo que hoy somos el segundo país después de Sudáfrica, con mayor crecimiento en estas cifras.

La decisión de complementar la labor de la Policía mediante el patrullaje disuasivo de la Policía Militar en la Capital de la República es una señal más de los vacíos del Gobierno en lo que a las políticas de seguridad se refiere. No se puede esperar que haya estrategias de seguridad pertinentes y conducentes, cuando las diferencias entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad ciudadana son borrosas en las visiones de las altas instancias estatales.

De pronto, cuando todo parece desolado por la congoja, los resentimientos, los recelos, las vacilaciones o las frustraciones, surge la fuerza nívea del deseo y todo se regenera. Porque querer vivir es hallarse y poder sentirse vivo. No rechacemos, en consecuencia, esta consustancial fortaleza, la que nos pone en camino del cambio y nos estimula a repensar sobre lo andado y lo que nos resta por recorrer.

La palabra presidencial debe cuidarse y no puede feriarse todos los días. Tampoco puede servir como prueba acomodaticia para alegar constantemente que “no se dijo lo que sí se afirmó”. Eso le hace perder credibilidad al discurso presidencial.

Recorriendo ciudades grandes y populosas el transeúnte se encuentra hoy en día con el omnipresente olor de la marihuana. Las famosas tiendas de “cannabis medicinal” la venden como quien vende Marlboro y ningún comprador tiene cara de estar enfermo, aunque en realidad puede serlo en alguna medida. Cogió vuelo a velocidades increíbles esta yerba que ha sido presentada como la más inocente de todas las creaturas de la tierra.

Desde hace algún tiempo el país y sus territorios viene rasgándose las vestiduras por los crecientes niveles de inseguridad ciudadana. Ello se ha acrecentado y mezclado con prácticas de vandalismo, terrorismo urbano en sus diversas modalidades y un constante deseo y sistematicidad por deslegitimar a la autoridad.