Una vida comenzó llena de ilusión en la intimidad de un encuentro humano y se alojó en la calidez del vientre de una mujer. La vida se gozaba en ver cómo cada día era más grande y compleja y que nada le hacía falta y que todos los días recibía lo que necesitaba para crecer y crecer. Sin embargo, un día escuchó gritos fuera de su nido que hablaban de aborto, de interrupción del embarazo, de derecho al cuerpo y entonces entró en pánico y se agitaba en su soledad. Fueron muchas ocasiones en que su tranquilidad fue alterada por esos ruidos extraños de aire mortal.

No cabe duda que el legado del narcotráfico sigue teniendo consecuencias nefastas para el país.

Ni la lucha enconada que Colombia y el mundo han emprendido contra este flagelo desde hace más de cuatro décadas, ni la Constitución de 1991 que en buena parte fue producto de esa lucha, han logrado acabar con las consecuencias de ese fatal fenómeno.

En ocasión de los treinta años de la Carta de 1991 se produjeron una serie de loas y comentarios de exégetas y profanos alabando la norma, en casi todos los medios de comunicación del país. Varios de esos escritos los podría afirmar, en otros mi disentimiento es conocido. Incluso, El Tiempo publicó una encuesta en la que aparece un alto porcentaje, como del 80% de los colombianos, elogiando la Carta Política. Vaya uno a saber cuántos de esos la han leído.

El informe divulgado esta semana, que recoge las observaciones y recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita de trabajo a Colombia, al fragor del llamado “paro nacional” -que fue eso y otras cosas, y cada vez más estas y menos aquello-, no debería haber sorprendido a nadie.

¿Para qué nos sirve recuperar y aumentar la consciencia de conexión con Dios?  Para que en la vida cotidiana podamos tramitar más rápida y fácilmente emociones como la ira, el dolor y el miedo.

A los 30 años de expedida la Carta Política de 1991, se han manifestado reconocimientos por lo que ella significó en la adecuación normativa de Colombia a esos nuevos tiempos, por los acuerdos que se dieron en su seno, y por refrescar el debate público con la presencia de la juventud que impuso la séptima papeleta.

Que los afanes del momento nublen la claridad y el ingenio de las gentes es comprensible; sin embargo, ni la más grande calamidad o la más profunda atmósfera social de desasosiego y desesperanza pueden apagar la tea de los políticos y líderes comunitarios que ha de iluminar el camino de la esperanza.

Y la historia se repite: los recientes ríos de jóvenes por las calles de Colombia evidencian que el fracaso de nuestra educación, las formidables manifestaciones por las calles -bailes, cantos, pancartas, frases inteligentes…- son señal de un descontento generalizado y justo. Estos no entienden la razón del desastre que vivimos hace casi un siglo: el lazo no da más.

Del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede afirmarse que, con sus observaciones y recomendaciones, atizó la polarización que supuestamente le preocupaba. Para justificar sus insólitas conclusiones, acudió a fuentes innominadas, siempre provenientes de organizaciones que incitaron, organizaron, colaboraron y participaron en la orgía de destrucción que el país tuvo que soportar en los últimos dos meses.

Decía Carnelutti que nada destruía y envilecía más al ser humano, que el verse involucrado en un proceso penal. Es muy doloroso y dramático, el verse una persona expuesta a una posible pena infamante. Más dura que la pena de muerte física, es el exterminio moral y civil de un comerciante.  Consciente de esto, la Corte ha dicho que la sanción penal debe adoptarse en casos extremos y cuando no haya otra manera de evitarlo.