¿Cómo es posible que teniendo en Colombia el conocimiento para salvar a la humanidad del coronavirus y de otras pandemias, sea tan notoria la resistencia a financiar la vacuna químicamente hecha? Sí. La razón es simple: todos quieren la patente.

“Esculpe, lima, cincela; que tu flotante ensueño quede fijado en el duro bloque”

Théophile Gautier.

Celebramos 30 años de la expedición de la Constitución Política de Colombia, caracterizada por ser amplia en garantías fundamentales, a pesar de haberse fraguado a instancias de conservadores y liberales que en su afán de mantener su hegemonía llevaron al pueblo a renunciar al poder soberano en el plebiscito de 1957, dejando únicamente la posibilidad de darse una nueva carta en manos del Congreso que, como sabemos, se dedicó al turismo parlamentario y a hacer todo menos a cumplir su deber.

Mi hermano Fernando, el dueño y autor de esta columna, murió. No dudo que en sus últimos instantes le haya pedido a la parca un tiempo extra para escribir su columna, pero no alcanzó. Junto con su cátedra universitaria, sus nietos, los caballos y Luz Clarita, su diminuta perra, que llevaba en brazos a todas partes, era una de sus motivaciones para vivir.

Cada cierto tiempo se oyen voces que sin ninguna justificación ni evidencia argumentan que el capitalismo ha fracasado. Ignoran que en realidad y basados en datos ha generado más progreso y mejorado la calidad de vida que cualquier otro sistema económico.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, perdió su razón de ser: una organización defensora del maestro, imparcial, apolítica y honesta. Nelson Alarcón, hasta hace unas semanas, su presidente (hoy, encondido fuera del país), declaró que su objetivo político era tomarse el poder, acabar con la derecha colombiana y con el Centro Democrático.  

La Constitución, los códigos penal y de procedimiento, decretos, prevén las medidas para anticiparse o restablecer el orden público turbado; es obligación del gobierno aplicarlas, pueden ser necesarias las restrictivas de la libertad en beneficio comunitario, sorprende el anuncio del presidente Iván Duque de que se presentará un proyecto de ley contra vandalismo y disturbios.

La grave alteración del orden público que hemos vivido en los últimos tiempos nos debe dejar lecciones y reflexiones para enfrentar futuras revueltas en diferentes escenarios. No es posible que debamos repetir acciones violentas y ataques a la infraestructura, la comunidad y la fuerza pública, sin el más mínimo reato de conciencia y lo más grave, sin responsabilizar, investigar ni castigar a los participantes en diferentes niveles de colaboración.

No sería exagerado afirmar que, desde el tiempo del ruido, uno de los argumentos más recurrentes para justificar los bajos índices de lectura en el país ha sido el eterno dilema sobre cuándo leer o, mejor aún, el cómo encontrar los momentos idóneos en nuestra cotidianidad bombardeada por redes sociales y maratones de series para sentarse a solas con el libro de turno y desconectar de todo lo demás.

El país tenía el 28 de abril 2.864.626 personas que habían arrojado resultados positivos al covid-19. El 30 de junio eran 4.018.000, un aumento del 40% en solamente dos meses. En abril 28 los muertos en toda la pandemia eran 72.725 y en junio 30, 105.000, un aumento del 44%. Los casos activos entre una fecha y otra aumentaron 25%. Esto a pesar de que en junio 30 se habían aplicado 18 millones y medio de vacunas y había 7 millones 100 mil personas con vacunación completa.