Las pretensiones del Comité del Paro para adelantar un proceso de negociación con el gobierno, más que una propuesta constituye es un ultimátum. Sin duda, obedece no solamente a la necesidad de aferrarse a una representación de todos los sectores que conforman las marchas, de la que evidentemente carece, sino también a ganar espacio y tiempo para su oculto propósito de someter o derrocar las autoridades legítimas. El gobierno tiene que lograr claridad sobre la estrategia y los fines de sus oponentes.

Dicho y hecho. La reforma tributaria se convirtió en el foco negro de la economía nacional en los últimos tres años, “con el coco” en el IVA, el aplazamiento en devolución del ICA y la siempre descartada, reducción del impuesto de renta a las compañías productivas.

El futuro que es nuestro, o sea de cada ser humano, viene cargado de fisuras deshumanizantes a más no poder. Nuestra primera obligación radica en colaborar y cooperar, a pesar de los tiempos confusos y difíciles que se viven.

La polarización que no es otra cosa que la pérdida absoluta de confianza en las intenciones de quienes están en una orilla política diferente a la propia. Esa desconfianza empieza a convertir a los adversarios en verdaderos enemigos. Se profundiza y termina así desapareciendo cualquier buena intención de los otros, que empiezan a catalogarse como malos o inmorales. Se justifican entonces, los ataques cada vez más degradados.

Los medios informan que el pasado 11 de mayo el líder opositor al régimen venezolano, Juan Guaidó, propuso un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro en el que se plantean unas condiciones para acordar la realización de elecciones generales a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones internacionales. Se propone convenir un cronograma que incluya elecciones libres y justas para la elección presidencial, las parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional.

Ya vamos para el primer mes de este fatídico paro y no se ve luz del otro lado del túnel de la línea de fuego. Seguimos secuestrados en nuestras propias residencias, esperando a ver qué pasa.

Graves momentos está viviendo Colombia, en esta mitad del 2021. Tenemos, serios motivos de reclamos sobre situaciones que piden superación y por actuaciones de gobernantes que reclaman enmiendas. Hay derecho constitucional a protestas, pero esto no autoriza a destrucción y atentados contra la vida y derechos como de libre locomoción de los ciudadanos. No desautorizar ni rechazar, con firmeza, desmanes que se hacen con ocasión de ellas, manchan la limpieza de intención de honestos propulsores. 

Duque, su gobierno y quienes lo disfrutan, consideraban que las cosas en Colombia continuarían sin modificación alguna. Que quienes sufragaron por el contendor en el 2018 y los abstencionistas, serían transparentados por el candidato de Uribe. Que la mermelada, la corrupción y los negocios con el Estado, alcanzarían para saciar a la mayoría, que votó “emberracada”.

La libertad no es posible más que en aquellos países en que el derecho predomina sobre las pasiones.

Herni Dominique Lacordaire

Nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha sido designada por el presidente Iván Duque Márquez como Canciller de la Republica, cargo desde el cual deberá recomponer la imagen de nuestro país en el exterior.

No hay porqué negarlo, nos encontramos en la peor crisis por la que haya atravesado el país en los últimos tiempos.