Desilusión es lo que sentimos muchos al escuchar el jueves de la semana pasada, a la alcaldesa Claudia López cuando se refirió al asesinato del patrullero de la policía de Bogotá, Edwin Caro. Era evidente que en algún momento los políticos en Colombia iban a capitalizar la creciente xenofobia hacía los venezolanos en su favor. Lo que no esperábamos es que fuera la alcaidesa que creíamos más progresista en el país, perteneciente a una minoría como la LGBTI y mujer.

Dejo sentada mi posición contra la utilización de menores en el conflicto armado y dejo en claro, las veces que tenga que hacerlo, que estos menores son víctimas de una guerra ajena y, en este caso, de las disidencias de las Farc y sus sanguinarios jefes que los utilizaron para fines incalificables. 

Los discursos de Juan Manuel Santos en Sahagún, Córdoba, antes del plebiscito del 2016 son ideales para un caso de estudio acerca de los incentivos perversos que motivan a los políticos en su uso de los recursos extraídos del contribuyente.

A raíz del debate por el bombardeo en el Caquetá que a la postre obligó la renuncia del ministro de Defensa, Botero, escribí una columna que se tituló “Entre el DIH y la Ética Militar”, la cual -después de llamar la atención sobre la baja temperatura ética tanto de la sociedad colombiana como del Ejército- cerré con un interrogante: ¿era el bombardeo la única opción táctica que tenía a la mano quien la ordenó?

¿Qué pasaría si un colombiano del común, usted o yo, porque no está de acuerdo con el sistema o la institución policial, o porque no le gusta que un soldado patrulle cerca de su predio rural, decide agredir al policía o al militar, quitarle su arma y secuestrarlo?

…La noción de cultura se extendió tanto que, aunque nadie se atrevería a reconocerlo de manera explícita, se ha esfumado. Se volvió un fantasma inaprensible, multitudinario y traslaticio.

Pocas veces en nuestra historia los desafíos políticos han sido tan apremiantes y graves. El sistema está en crisis, junto con la economía y los factores que determinan el equilibrio social. Los empresarios, los comerciantes, con pocas excepciones, sufren cuantiosas pérdidas, unos se quiebran y otros sobreviven despidiendo parte de sus empleados. Somos casi 50 millones de seres en vilo. En casos, como el turismo y hotelero, las pérdidas son multimillonarias. Regiones enteras que vivían del turismo están agobiados por la desesperanza.

Desde hace décadas, uno de los reclamos que con más fuerza y justificadas razones se hace al Estado colombiano es el que tiene que ver con la necesidad de acercar la justicia la ciudadano, hacerla más eficiente, efectiva y con mayores garantías de accesibilidad.

Hace quince días tuvo lugar en la OMC (Organización Mundial del Comercio), de la que Colombia hace parte, una interesante votación: se trataba de decidir si transitoriamente, mientras pasa la pandemia, se suspendía el sistema de patentes y de propiedad intelectual que protege a los grandes laboratorios.

En el pasado día dedicado a reconocer especialmente a la mujer hubo marchas. En la que se hizo en Bogotá, se trató de incendiar una iglesia del centro de la ciudad, la de San Francisco. Como se ha hecho en manifestaciones similares en Santiago de Chile, en Ciudad de México, en Caracas, etc. Se trata de un libreto previamente escrito y desarrollado al pie de la letra a lo largo y ancho de América latina, al menos hasta ahora. Nadie pone la cara por estos hechos.