A pocas semanas de abrir Bogotá después del duro aislamiento social por cuenta de la prevención del contagio de la pandemia, un espectro sombrío y sobretodo desesperanzador vive la ciudad a raíz del conflicto que propició la pérdida de la vida de uno de sus ciudadanos, que en medio de la apertura, quería al parecer seguir en la tomata y que muere en manos de unos policías, donde la justicia será la encargada de dilucidar los hechos.

El  asesinato de  Javier Ordóñez y la muerte por arma de fuego de más de diez personas en medio de los terribles sucesos que aquel hecho provocó, han comprometido de manera grave la confianza de muchos ciudadanos  en  la Policía Nacional como institución esencial para asegurar la convivencia,  y obligan, por elemental respeto con el dolor de  las familias de las víctimas, a esclarecer plenamente las circunstancias  en que esas muertes se dieron, y  a identificar y sancionar a quienes violaron la ley.

La seguridad y la convivencia ciudadana están en la dimensión en donde se combinan las variables más sensibles del ejercicio de libertades y derechos. El grado de madurez democrática está íntimamente relacionado con la manera en que Estado y sociedad asumen y gestiona los conflictos, y no hay tema que desnude mejor esta realidad en las sociedades latinoamericanas que su relación con la institución policial y las fuerzas armadas.

El Congreso de la República aprobó el monto del proyecto de presupuesto para el año entrante y se apresta a discutir las partidas del mismo, las cuales nos traen algunas sorpresas e inconsistencias que hacen que las cifras no cuadren.

Colombia atraviesa momentos difíciles, los populistas justifican sus críticas a los gobernantes  calificándolos de ineficientes, entre ellas la alcaldesa Claudia López, quien ha resultado ser un fracaso en su administración, presenta proyectos en el Concejo, que después se ve obligada a retirarlos; además cuando en campaña aseguraba “yo voy a ser la jefa de la policía nacional”, hoy se lava las manos, acude desesperada a la presidencia de la República y a la procuraduría para buscar apoyo institucional.

No había que ser genio para saber que tarde o temprano la gente volvería a las calles. El estallido social se venía evidenciando desde antes de la pandemia. El coronavirus y las largas cuarentenas solo pusieron en pausa las manifestaciones, pero las causas han seguido latentes, ahora exacerbadas por la depresión económica en la que ha empezado a sumirse el mundo.

La acción policial contra las libertades ciudadanas elementales produjo más de 118.000 comparendos en Bogotá entre el pasado 20 de marzo y el 4 de junio, según el diario Portafolio. Dicho abuso de poder fue posible gracias a las órdenes políticas de los gobernantes electos - concretamente, el presidente de la República y la alcaldesa de la capital- quienes decidieron reaccionar al Covid-19 de la manera más despótica posible.

Ana tiene 17 años. Su cuerpo desmembrado y quemado ha aparecido en un descampado cerca a la Iglesia donde asiste su familia, especialmente su madre y su autoritaria hermana mayor que afrontan la fe como el único camino posible en su vida.

La semana anterior el país fue testigo de cómo en un mal procedimiento policial, con evidente exceso de fuerza, perdió la vida el ciudadano Javier Ordóñez. Si bien es claro  que los patrulleros incurrieron en delitos graves, como todo ciudadano tienen derecho a la defensa y un debido proceso. Una vez comprobados los mismos, que se les castigue con todo el peso de la ley.

El psiquiatra español Enrique Rojas, Catedrático de Psiquiatría y Director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid y Presidente de la Fundación Rojas-Estapé, inaugurada en el 2009 para el estudio y tratamiento de los trastornos de la personalidad en personas con pocos recursos materiales, ha publicado dos tipos de libros: unos de temas clínicos, La depresión, la ansiedad, las obsesiones y los trastornos de la personalidad y otros sobre temas humanísticos y de ensayo.