Con mucha preocupación leo que la agenda pública va en el camino equivocado. Los gobernantes con sus decisiones para enfrentar la pandemia produjeron una profunda crisis económica y social, solo sabremos si fueron acertadas o equivocadas en el futuro cuando podamos mirar para atrás y medir la eficacia de cada una para controlar la expansión del virus.

El 5 de marzo de 1967, en el Suplemento Literario de “El Tiempo”, publiqué un escrito titulado “Un jardín de desperdicios”, un fruto producto de la experiencia adquirida compartiendo con mi padre, Arturo Navas Venegas, su actividad de periodista, Corresponsal de Guerra, de ese medio de comunicación.

Hay consenso ciudadano, que no médico, sobre la necesidad de una apertura a las sucesivas cuarentenas que el país debió soportar ante la pandemia del coronavirus, palabra que nos tiene hasta la coronilla, por significar un sin número de privacidades y comportamientos ajenos al diario vivir, pero las sufrimos con estoicismo y, según concepto de autorizados, los buenos resultados están por llegar, esperémoslos para cantar victoria, antes no.

En nuestra anterior columna dijimos que la CorteIDH no está facultada para “crear” derecho, ni para “desarrollar” la Convención, sólo para interpretarla. De lo contrario, excede sus atribuciones y se aleja de la justicia. Y analizamos cómo hizo para que las víctimas se convirtieran por arte de magia en “partes” en el proceso.

El día después se asocia con el acercamiento a aquello que se veía como común o que iba en camino el día antes de los efectos de la pandemia del siglo XXI. No obstante, muchas cosas se aceleraron, como una oportunidad y otras tendrán que asimilarse para emprender el reinicio.

En esta nueva fase  en la que nos encontramos, luego de casi un semestre de aplicación de las medidas de aislamiento  obligatorio, de incontables  restricciones a nuestras libertades, y de reiterados llamados al respeto de las profusas normas dictadas para  intentar enfrentar los efectos  generados por la propagación acelerada del Covid 19, la invitación a seguir aplicando las medidas de protección, por nuestra propia voluntad y no porque se nos impongan por las autoridades,   pudiera correr el riesgo de caer en el vacío y de no encont

Colombia es un país de ciudades. Incluyendo las capitales de departamento el país cuenta con alrededor de 150 centros urbanos importantes e intermedios, esto es el 14% del total de municipios y en los cuales vive el 80% de la población urbana del país. 3 de cada 4 personas viven en áreas urbanas y el 85% del PIB nacional se genera en las ciudades (Conpes3819).

Como lo resume muy bien la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba, se debe implementar “una estrategia para la recuperación, adaptación y preparación de Colombia a una nueva realidad, compuesta por estos cinco pilares: aparato productivo sofisticado y diversificado, empleo de calidad, hogares con redes de protección social, estabilidad fiscal y Estado fuerte, eficiente y transparente”.

Por fin, esta semana, entra en funcionamiento el anhelado Túnel de La Línea, el más largo de América Latina, de ocho kilómetros seiscientos cincuenta metros de extensión en la parte principal y veinticuatro puentes, cuya construcción se inició en el 2004, con modificaciones de diseño al igual que escándalos.

Hace siete años, en una entrevista que le hice al prestigioso economista británico James Robinson, autor de “¿Por qué fracasan las naciones?”, me dijo: “La historia de Colombia siempre ha estado marcada por arreglos entre políticos y empresarios poderosos. Constantemente los intereses de la gente del común son anulados por quienes están políticamente conectados.