Se repite la historia. En el año 2011 se aprobó una reforma al régimen vigente de las regalías mediante el Acto legislativo 05 de ese mismo año. Según el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, los ingresos provenientes de las regalías iban a “aumentar de manera sustancial”. Según sus cálculos, después de haberse recibido por dicho concepto $46.6 billones en el lapso comprendido entre 2000 y 2011, se esperaba recibir $94.8 billones entre 2012 y 2020.

Por casualidad, vi el streaming de un evento del 9 de julio en la Casa Blanca, donde el presidente Trump recibió a líderes hispano-estadounidenses de distintos campos. Entre ellos estaba Robert Unanue, hijo de inmigrantes españoles y presidente de la empresa Goya Foods, la compañía con dueños de descendencia hispana más grande de ese país.

En 1976, cuando la hermana Aura Bertha me preparaba para mi Primera Comunión en el Colegio de La Presentación de Tunja, nos enseñaba cada una de las verdades de la Fe y, en el repaso acerca de los sacramentos.

En la coyuntura especial que vive el mundo por el Covid-19, el Congreso debe asumir un rol de mayor relevancia, usando este momento histórico para plantear decisiones legislativas de fondo que beneficien al ciudadano, pues en momentos de cambios trascendentales es donde la institucionalidad debe convertirse en el formulador y ejecutor de soluciones colectivas efectivas.

En medio de la pandemia, la gran industria láctea ha vuelto con una estrategia conocida, o mejor, sufrida desde siempre por los ganaderos: Una de sus empresas oprime el botón rojo de ¡enlechada!, para justificar una reducción del precio y la disminución de las compras a los ganaderos, lo cual arrastra a todo el mercado formal y al inmenso mercado informal de leche cruda, en el que ya el ganadero recibe un precio que no retribuye su esfuerzo.

Saliendo de la Plaza Mayor por el Arco de Cuchilleros, allí donde antaño se agolpaba lo más selecto del gremio carnicero de Madrid, y tras descender por la adoquinada estrechez de la Cava de San Miguel, se encuentra un escaparate de vidrio espeso con puertas café que, emulando gigantescas tabletas de chocolate, ha contenido durante casi 300 años los suculentos aromas de lo que se cocina en su interior.

De no ser por los informes del Cerac y del Instituto Kroc (centro de investigación sobre procesos de paz anexo a la Universidad de Notre Dame) que tienen el mandato de evaluar la implementación de los acuerdos de paz, quedaría la sensación que todo marcha a las mil maravillas.

Me parece muy interesante escuchar, digámoslo así para que suene elegante, la jerarquía de valores que se revela en las opiniones sobre lo que se debe reactivar primero en tiempos de cuarentena. La vida económica, dicen los comerciantes, los banqueros, el ministro de hacienda. También los tenderos, los vendedores ambulantes, me imagino que los contrabandistas y los piratas, de la actividad que se quiera. Necesitamos, vociferan, que suene la caja registradora. Estamos de acuerdo. Y, dice una senadora, la religión no, porque eso no le aporta nada a la economía.

La Constitución Política de Colombia se promulgó el 4 de julio de 1991. Este mes se cumplieron 29 años del aniversario. Por efectos del Covid-19 y el mortal pesimismo y frustración que reina sobre la eficacia de nuestras instituciones, la crisis permanente y en particular de la justicia, no salieron los consabidos artículos y loas de esa obra maestra de la copia de las normas de otros países, en parte de Alemania y de la de España, algo del modelo francés y las de otros lares.

El territorio de Colombia, que, como señalaba el historiador Jaime Jaramillo, fue calificado por los cronistas de la Conquista como “fragoroso, áspero, doblado y enfermo”, constituye una de las claves fundamentales a la hora de explicar su trayectoria histórica, el carácter de su nación, su estructura demográfica, su configuración institucional, sus vicisitudes políticas, y el desarrollo de su economía y de las formas de vida de su población.