La pérdida y degradación de los hábitats, afecta a cerca del 90% de todas las aves amenazadas, al 85% de los mamíferos, y al 94% de las plantas amenazadas que han sido evaluadas. En Colombia hay una gran afectación puesto que la mayoría de ésta se concentra en; los bosques pluviales tropicales de tierras bajas y de montaña, y los hábitats de agua dulce.

Si el Estado de Derecho consiste en que cada cual asuma su destino individual respetando el de los demás a través del cumplimiento de las reglas de juego conocidas como “la ley”, no podemos menos que concluir que la guerra contra el terrorismo la hemos venido perdiendo sistemáticamente. El Estado pierde irrefutablemente cuando no gana, cuando no hace cumplir la ley. Allí cuando cualquier persona se posa por encima de la norma, todos perdemos.

Leyendo la estupenda crónica de Alberto Casas sobre lo acontecido el 13 de junio de 1953, hacemos memoria del relato que de esa jornada nos hiciera el propio Gilberto Alzate Avendaño durante una velada, hace muchas décadas, en la casa de ese gran colega y amigo que fue Alberto Giraldo.

La ciudadanía se mantiene expectante con relación a los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional para superar el coronavirus y pandemia, con sus incidencias en economía, comercio y trabajo, una vez se reduzca la emergencia.

 No hace mucho en la DW (canal oficial de T.V. alemana), hablando sobre la economía mundial, comentaron sobre los países con posibilidad de ser protagonistas del futuro del mundo, también mencionaron a Colombia, Ecuador y algún otro, de Suramérica, como países que “no tienen nada que aportar, son insignificantes.

-¡Destruyamos todo!

-¿¡Por qué!?

-¡Porque todo nos oprime!

- ¡Porque fue racista!

La pandemia no debe hacernos olvidar el mayor padecimiento que sufrimos los colombianos desde los años setenta del siglo pasado. Hemos sido víctimas del flagelo terrorista del narcotráfico en una duración y dimensión que ningún otro país ha conocido en los tiempos que nos ha correspondido vivir. Su persistencia alimentó una violencia que no cesa, impactó la ética pública y ciudadana e impidió la expansión del Estado Social de Derecho en el territorio nacional.

Mediante la ley 77 de 1989 el gobierno del presidente Barco determinó como delitos políticos los crímenes del M-19. De este proceso “de paz” ya no nos queda ninguna memoria. Al parecer, como país hemos decidido no mirar atrás, ni aprender de lo que hacemos. Sin embargo, algún beneficiario de la amnesia colectiva quiere reescribir la historia con mentiras, abusando de nuestros olvidos.

El proyecto de Reforma Constitucional mediante el cual se establece la prisión perpetua para violadores de niños logró su aprobación en la Comisión Primera del Senado de la República.

La pandemia nos ha llevado a un nuevo virus sin vacuna y sin remedio. Ni aquí, ni allá, ni más allá, hay ser que escape a la chiflada. Husmeando cómo el versado Juan Gossaín analiza en su última entrevista esta locura en que nos encontramos, cómo todo se achicó y todo enloqueció, podría concluir que el Covid ataca sin piedad el cerebro de esta humanidad irreflexiva, que iluminó a Enrique Santos, Discépolo para ‘parir’ Cambalache. “Qué atropello a la razón”, lo que viene ocurriendo en nuestro país.