Las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos del mundo, con independencia de ideologías, se explican bajo la premisa de que tienen carácter de urgencia y tienden a enfrentar el Covid-19, pero en lo posible deben consignar fecha límite.

Creería uno que, a estas alturas del siglo, tendríamos consenso: el socialismo no funciona, las estatizaciones fracasan, las burocracias incrementan la corrupción y ahogan al empresario. Pero no. Hace poco escuche dos peroratas: Petro que pregona una economía sin mercado y la Alcaldesa que propone otra empresa pública de transporte para Bogotá.

Dudo que haya muchos opinadores que se hayan tomado el trabajo de leer las 403 páginas de la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 16 de julio de 2014 contra Andrés Felipe Arias, quien fuera Ministro de Agricultura del presidente Uribe. La CSJ condenó a Arias a 209 meses y ocho días de prisión (un poco más de 17 años) y una multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales, equivalente hoy a más o menos USD 8 millones pero que, en aquella época, eran más del doble.

En medio de la pandemia del Covid-19, el Plan Distrital de Desarrollo para el período de 2020 al 2024 está en aprobación en primer debate de la Comisión del Plan en sesiones históricas, pues dados los cuidados propios de la emergencia sanitaria se ha hecho de manera semipresencial, es decir en aras de la distancia, la votación nominal, artículo por artículo -de ciento diez- la realizan unos en votación virtual o digital y otros en recinto, de cara a cara con la ciudadanía, vía internet.

En pocas semanas, el gobierno norteamericano y sus aliados quisieron darle un vuelco a la estrategia para restaurar la democracia en Caracas.

Tardíamente convencidos de que todo lo emprendido hasta ahora ha sido un desastre, quisieron dar un salto estratégico de la noche a la mañana.

Tres decisiones, dos en Francia y una en Colombia, han puesto de presente en los últimos días la importancia del manejo de los datos de las personas en tiempos de pandemia, y el cuidado que se debe tener con la utilización de la tecnología para no vulnerar los derechos y las libertades públicas.

Las finanzas públicas, tanto las de la Nación como la de las entidades territoriales, se encuentran entre la espada y la pared. De un lado esta la salud en cuidados intensivos a consecuencia de la pandemia del Covid-19, cuyo tratamiento y contención demanda ingentes recursos, con los cuales no se contaba. Del otro lado está la economía, que se contagió con el coronavirus, en un coma inducido, debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento preventivo.

Pensarían algunos gobernadores y alcaldes que iban a poder hacer fiestas y panochas con el presupuesto de sus territorios, aprovechando la gabela otorgada por la emergencia económica para contratar mercados con precios inflados, obras públicas amañadas, intereses indebidos en la contratación, sin requisitos legales, y que no les iba a pasar nada.

Muchos antiguos admiradores de Suecia desean que este país fracase. La razón: el actual gobierno socialdemócrata se rehusó a entrar en pánico por el coronavirus, no impuso una cuarentena total, y mantuvo abiertos los colegios (para menores de 16 años) al igual que los restaurantes y bares.

Se aproxima el final de un período académico atípico, el de la hibridación, como el Ministerio de Educación ha denominado el apoyo virtual a la presencialidad de la educación, que transformó la comunicación entre docentes y educandos y, muy probablemente hizo más participativas las clases, a diferencia de la forma como se venían desarrollando.