Por lo que deja entrever en su vida pública, el representante Mauricio Toro parece ser un servidor ejemplar. Valiente y sosegado como pocos en la arena política; tan carismático y firme que no parece congresista, y estudioso y claro en su forma de exhibir y debatir que aboca más a un conservador como Disraeli o Adenauer que a una pugilista irredimible como Claudia López.

La semana pasada se presentó como discusión, debate de opinión, durante el Foro 2020 realizado por la revista Semana el tema del proceso de paz con las Farc.

En dicho foro, la exministra del Interior, Dra. Nancy Patricia Gutiérrez, comentó que el proceso se encontraba medio fallido.

El siguiente trino de Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación de Cafeteros, describe lo que le ocurre hoy al mercado: “Nuevamente la ola especulativa y las percepciones equívocas sobre la oferta del café mundial, lleva los precios de la Bolsa por debajo de un dólar la libra. Otra vez retomamos los temas de reclamar de la industria un precio remunerativo para los cafeteros y tomaremos medidas”.

Consideramos a los animales como nuestros hermanos menores. Ya en el Génesis se nos dice que Dios pone a todos los animales de la tierra al servicio del hombre, pero no da autoridad para ser el dueño de ellos; es igual que las plantas, son parte de la vida para el humano pero no su propietario.

Lo mínimo que se exige de quien dirige una comunidad -con mayor razón cuando se trata del Estado- es la coherencia. Es decir, una relación clara, lógica y consecuente en el discurso, las afirmaciones, las acciones, las reacciones; entre lo que se proclama, lo que se programa, lo que se aplica, lo que se exige.  Si la coherencia no existe, impera el desorden, la confusión y el descrédito de la dirección.

LOS altos funcionarios públicos y, en general todos empleados de responsabilidad del Estado, deben actuar en coherencia con las políticas de gobierno y los lineamientos que fija el Presidente de la República, porque al no estar de acuerdo, deben retirarse o deben ser retirados de sus cargos.

Hace un par de días, a mi regreso a Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, por los altoparlantes del terminal me recibió una voz que pedía que: quien se sintiera con fiebre, o con algún malestar semejante a una gripa, debía informar al personal del aeropuerto.

Este episodio político-penal, de las elecciones del 2018 y dramatizado por la condena impuesta a Aída Merlano y por su teatral fuga para liberarse de la pena impuesta por el delito imputado: corrupción electoral y ahora su captura en Venezuela, ejecutada en razón de que estaba identificándose con un documento falsificado, para refugiarse, actitud con la cual procuraba su residencia clandestina en el país de los vecinos.

Sin querer decir que es el delito de mayor impacto  social, uno de los crímenes que más aterra a los ciudadanos de bien es el atraco, por ser un hecho sorpresivo, alevoso y conminatorio, tan grave e impresionante que los medios de comunicación muestran cifras estadísticas, donde la integridad física de las víctimas en la mayoría de los casos es vulnerada de manera  fatal, generando a la vez una conmoción de grandes proporciones, tanto en la víctima del delito, como en sus entornos  familiar, laboral y social.

Sería bueno que el régimen de Nicolás Maduro hubiera terminado, pero hay realidades. A pesar del reconocimiento de la presidencia interina de Juan Guaidó, de la posición de muchos Estados, es Maduro quien ejerce el poder, de manera abusivo, pero lo ejerce.