La vigencia, legitimidad y fortalecimiento del régimen democrático requiere del cabal funcionamiento de sus instituciones y por consiguiente de la credibilidad y confianza que generen su actuar y sus decisiones. Hemos padecido muchas veces la tragedia de Sísifo en el recurrente propósito de superar las crecientes falencias de la administración de Justicia. En las últimas, décadas se ha intentado, sin éxito, aprobar reformas que aseguren la eficiencia, imparcialidad y probidad del aparato judicial.

Maquiavelo recomendaba no buscar por la fuerza lo que pudiera ganarse con la mentira. Pues bien, esa estrategia mentirosa de distorsionar la realidad como arma política, está nublando la percepción que del país tiene la “opinión pública”, manipulada por intereses ideológicos, políticos y económicos.  

La Red en cada mensaje señala el milenio, el siglo, el año, el mes, la semana, el día, el nombre del día, la hora, el minuto y a veces el segundo. Pero ignora el lugar del remitente. El espacio no merece datos; el tiempo reclama diez. Interesa el cuándo, no interesa el dónde.

En dos meses el presidente Iván Duque llegará a la primera cuarta parte de su mandato, dejando la percepción de que ha ejercido un gobierno con logros en áreas que no son las preponderantes para la buena marcha del Estado, de lo cual se deduce que ha dejado en segunda o tercera prioridad los aspectos de mayor envergadura por las repercusiones que de ellos se derivan, empezando por las atinentes a la unidad nacional y al proceso de pacificación.

El caso de corrupción más grande de América Latina que involucra a presidentes y expresidentes, funcionarios, empresarios y políticos de unos 12 países, no ha sido investigado en Colombia con la rigurosidad que se exige. Me refiero al escándalo de la firma constructora Odebrecht, que para conseguir jugosas contrataciones pagó comisiones millonarias, superiores a los 800 millones de dólares de acuerdo con la cifra estimada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La negociación de los TLC y su implementación, se han vuelto especialmente riesgosos para países como el nuestro en la era Trump.

El actual Presidente de los Estados Unidos está cambiando a punta de caprichosas patadas todo el escenario del comercio internacional que con esmero y, no sin dificultades, se fue construyendo desde la finalización de la segunda Guerra Mundial.

Tras el anuncio de la firma de paz en La Habana y en el Teatro Colón de Bogotá, muchos colombianos y extranjeros entendieron que el orden y la convivencia volverían a Colombia de inmediato. Se supone que en un país civilizado en que impere el sistema democrático, la violencia no debe prosperar. Los medios y gobiernos del exterior asimilan como un hecho que la paz pasaba a imperar en Colombia al dejar las armas las Farc.

Que cada uno se pueda meter su porrito en el parque mientras los niños corren detrás de un balón y las mamás comparten las últimas noticias del barrio, es una muestra más de cómo la filosofía y el derecho actuales, y también cierta antropología, han elevado al individuo a la categoría de primera y última regla de vida.

 La reciente incursión, de la Corte Constitucional, en libre desarrollo de la personalidad es afortunada, a pesar de su desconocimiento del alcance antropológico de libertad y de desarrollo: afortunado porque nos da la posibilidad de profundizar en las capacidades humanas, y su razón de ser en la interpretación de nuestra Constitución.

Ya lo había dicho en un artículo anterior en relación con el bello departamento del Guaviare: que el conflicto bélico de alguna manera había preservado sus tierras frente a la deforestación, pero que, una vez firmado el proceso de paz, a ellas han llegado los verdugos de la motosierra y que, vaya paradoja, se ha terminado extrañando la presencia de los alzados en armas, frente a la paquidermia del Estado para entrar a ejercer el control en esos olvidados y apartados territorios.