Vivimos en nuestras sociedades ambientes de máxima polarización, lo cual es fácilmente verificable.  Basta con echar un vistazo a nuestras redes sociales, asistir a una reunión de amigos o cena familiar y ni qué decir de lo que nos cuentan los medios de información.  Estamos en un momento cumbre de segmentación, una atomización fruto de años de divisiones aparentemente irreconciliables.  Lo interesante es que cuando se está en la cima ya está cercano el momento de descender de ella, con la experiencia de lo vivido.

La administración del agua es un tema que el Estado Colombiano está en mora de abordar. Su necesidad se evidenció en la ola invernal del 2010 cuando varias hidroeléctricas, sin concierto con el gobierno nacional, abrieron sus compuertas en el peor momento de las inundaciones, cuyas catastróficas consecuencias no se han podido superar a pesar de la creación, para entonces, del Fondo de Adaptación, entidad que ha perdido la brújula de su misión central: La adaptación del país al cambio climático.

Faltando solo dos meses para la celebración de elecciones, el panorama español es cada vez más sombrío para que el gobierno socialista de Pedro Sánchez pueda continuar en el poder al que llegó hace menos de un año por un exceso de confianza del entonces presidente Mariano Rajoy. Esta perspectiva tiene muy contentos a los españoles que están cansados de los erráticos traspiés de Sánchez.

En el menú del día del Restaurante País antes figuraban derechos de primera, de segunda y de tercera generación y en la primera bandeja aparecían, como plato fuerte, los derechos  civiles y políticos, que también llaman clásicos o de libertades fundamentales (ecos de liberté, egalité, fraternité) sin perder de vista el más importante y el más violado de todos los derechos: el de la vida, que se incrustaba con palillo dentro del pastel de carne los derechos civiles; en la segunda bandeja, per

La Corte Constitucional colombiana, mediante sentencia C-045 del 6 de febrero de 2019, dada a conocer a través de un comunicado de prensa, resolvió retirar del ordenamiento jurídico la autorización para la práctica de la caza deportiva.

La historia que básicamente se puede dividir en el relato de los acontecimientos que sucedieron en una época para lo cual, quien trate de reseñarla debe basarse en lo que han contado los testigos del período objeto de la historia.

Asombran acontecimientos que surgen en nuestro país y el mundo y, como dicen los militares, se “neutralizan” los unos a los otros; se mencionan ejemplos en estas líneas. Despierta la atención la aparición y existencia de potentados chinos y uno de ellos, no se recuerda su nombre, se mencionó como financiador de la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua ¿por qué no han llegado a Colombia?

La ley estatutaria de la JEP debió haber sido declarada inexequible en varios de sus apartes por la Corte Constitucional. Aquello no sucedió porque el gobierno Santos condicionó la elección de los nuevos magistrados de esa Corte, a la defensa de los acuerdos de La Habana. Tal vez ya hemos olvidado el linchamiento del que fue víctima un magistrado que se atrevió a modular en algo alguna pieza de los acuerdos.

Los homicidios y su tasa por cada 100.000 habitantes fueron para los años 15, 16, 17 y 18 los más bajos en dos generaciones de colombianos. Son los números más bajos desde mediados de los setentas. En efecto, en 2015 hubo 12.782 homicidios, 12.402 en el 16, 12.237 en el 17 y 12.841 en el 18, ya con cinco meses de esta administración. Las tasas fueron 26, 25, 24 y 25 por cada 100.000 habitantes, respectivamente. En 2010 hubo 15.459 casos, 2.618 casos más que en 2018.