El Acuerdo entre el Gobierno de Santos y los terroristas de las Farc es jurídicamente inexistente pero políticamente relevante. Es inexistente por cuatro razones principales, a saber: (i) porque viola el Acto Legislativo especial para la Paz, esto es, el AL 01 de 2016 en donde dispone que solamente puede considerarse jurídicamente válido si era aprobado por el pueblo. Por más robos o atracos, tal disposición continúa vigente. (ii) La Constitución de 1991 establece que toda decisión sometida a votación popular (Referendo, plebiscito, consulta popular etc) es de obligatorio cumplimiento.