El debate político de ahora por el poder provoca  inquietudes. Una de las más destacadas, indudablemente, es la estimulación emocional que impacta la atracción de los ciudadanos por los aspirantes a la Presidencia. Esa manifestación, observada con suspicacia, enseña que  la causa íntima no es, precisamente, compartir la propuesta del candidato. No, la atracción del elector es una afinidad sencillamente física. Y la conclusión no es imaginativa, comprobarlo es fácil.

Han pasado varios días y todo el alboroto que se levantó por los problemas del sector carcelario ya está pasando. Es decir, poco a poco, se van olvidando las evasiones de internos con complacencia o apoyo de miembros encargados de su custodia, como ha ocurrido en otras épocas,  y revivirán el día que se presente un nuevo escándalo y tengamos otro momento de asombro frente al problema, por eso debemos sostener que se trata de un asunto sin remedio.

Este fin de semana  se realizará en Lima  la octava Cumbre de las Américas, con la ausencia, anunciada a último minuto, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y  en medio de los conflictos que mantiene con varios países del continente.

Durante los debates de la Constitución de 1991, una de las obsesiones del constituyente Álvaro Gómez Hurtado fue el reconocimiento del principio de la buena fe por parte de las autoridades. A Gómez le parecía que el Estado no podía pasársela desconfiando de los ciudadanos. Finalmente se aprobó la fórmula que hasta hoy se mantiene en el artículo 83.

¿Recuerdan el escándalo del hacker Sepúlveda que, según el exdirector del CTI de la Fiscalía Julián Quintana, fue infiltrado por el gobierno en la campaña presidencial del 2014? ¿Recuerdan que Oscar Iván Zuluaga ganó la primera vuelta y luego saltó el escándalo del hacker? ¿Recuerdan que, con la activa participación del fiscal Eduardo Montealegre y de un almirante Echandía, por ese entonces director de la Agencia Nacional de Inteligencia (antiguo Das), se involucró a Luis Alfonso Hoyos, a Oscar Iván Zuluaga y al propio hijo del candidato?

Es monja, ya tiene casi cien años, mide metro y medio, va en silla de ruedas porque sufrió un grave accidente, pero es campeona de baloncesto.

Hace más de treinta años que su equipo no figuraba entre los grandes de la liga universitaria; y ahora, gracias a su acompañamiento espiritual, ella logró que entre los 64 competidores de la Ncaa, Loyola, de Chicago, fuese uno de los cuatro mejores.

Jean Dolores Smith nació en San Francisco y a los 18 sintió el llamado de Cristo para hacerse hermanita de la Caridad de la Beata Virgen María.

El déficit fiscal del Gobierno Central además de agudo es crónico. Como es apenas lógico, según la Ley de Wagner, el gasto público tiende a crecer con el tiempo y el tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, dado que cada día debe asumir mayores responsabilidades. Del 8.4% del PIB que representaba el gasto público en 1985 se pasó al 19.2% en 2015, muy por encima de sus ingresos corrientes.

Con ocasión del interés que ha suscitado la propuesta de un único tribunal de cierre o Una Única Corte en Colombia que reemplace a las existentes, debe recordarse que esta discusión no es nueva, sino que por el contrario es de vieja data. En efecto, las confrontaciones entre “las altas cortes” por las tutelas interpuestas en contra de sentencias completan poco más de dos décadas sin solución.

Las encuestas miden el voto de opinión mientras las elecciones parlamentarias el de las maquinarias.
El país tiene a su alcance estos dos parámetros para calcular transitoriamente un virtual ganador en las presidenciales; sin embargo,  de aquí al 27 de mayo el reacomodo político es un hecho e incluso, puede llegar a redireccionar e inclinar la balanza de manera diferente.
Obvio, en la segunda vuelta el  acople de  debe ser total.

Tal vez el sentimiento que produce la impotencia de no lograr cambios en la forma como se gobierna el país es el de la frustración que desemboca en la rabia y en el resentimiento.

Al año se pierde por culpa de la corrupción, 50 billones de pesos; es decir, el equivalente al 20% del presupuesto público. Cifra que conlleva a la siguiente pregunta, ¿Cuántas personas son responsables al año del detrimento de los recursos de la nación? ¿Cuántas de ellas van a la cárcel?