Barranquilla, “La arenosa”, “La puerta de oro de Colombia”, era el siglo pasado el gran polo de desarrollo y la entrada a Suramérica. Por allí llegaba la cultura, el progreso, el desarrollo, la riqueza, lo nuevo que aparecía en el mundo. Increíble, tenía los mejores servicios públicos que ciudad alguna pudiera mostrar.

Esculcando estantes hace un par de años en una discreta librería con diseño de mazmorra en Nueva York di con tres ediciones distintas de la misma novela: The Girl with the Dragon Tattoo (inexplicablemente traducida al español como “Los hombres que no amaban a las mujeres”). Puestas una al lado de la otra parecían un divertido juego de matrioskas rusas, cada una más pequeña y económica que la anterior. Pero de entre todas ellas, la versión más reducida fue la que llamó poderosamente mi atención.

Nicolás Maduro, en medio de la profunda crisis a que llevó a su país, ha resuelto convocar una Constituyente con el argumento falaz de “afianzar la protección social y la igualdad”. Ello quiere decir que la Constitución de 1999, que promovió Chávez, ya no le sirve a la camarilla de burócratas que se apoderó del gobierno del vecino país.

Los valientes venezolanos, desesperados ante sus padecimientos, la falta de comida, de ver morir a sus enfermos por falta de medicamentos, una inflación desbordada que pone todo fuera del alcance de la gran mayoría de los habitantes, un desempleo que crece ante el cierre de las empresas y el éxodo de la inversión extranjera, salen desde hace días a las calles para protestar pacíficamente y pidiendo elecciones, pero siendo apaleados y asesinados por los esbirros del régimen.

La entrega de armas va lenta. El Gobierno fue poco serio al no imponer un estimado de armas y unos mínimos que cumplir. En muchos municipios se rumora que hay varias  caletas de armas. Los hallazgos del Ejército lo confirman. ¿Cuántas entregarán y cuántas quedarán como "seguro" para las Farc?

Con arengas que llaman a una “Constituyente Ciudadana”, como prefirió llamarla Maduro, el dictador vecino realiza una convocatoria a una Asamblea Constituyente, justificada como manera de enfrentar la crisis y que le regrese la paz a la maltrecha República Bolivariana de Venezuela, para “vencer el golpe de Estado”, perfeccionar el sistema económico y político del pueblo, y para la renovación de todos los poderes públicos venezolanos.  Señala que debe ser una constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, pero, sobre todo, profundamente obrera,  comunal y campesina.

Los banqueros del país ya deberían  haber bajado las tasas de interés de los créditos. Ya la junta del Banco de la República hizo su parte: redujo a 6,5% la tasa de intervención. 

Las entidades financieras no recortan sus tasas a la misma celeridad con que lo ha venido haciendo el Emisor.

No hay ninguna razón de peso que impida a los bancos reducir los costos del dinero este primer tramo del año.
Tampoco existen motivos que dificulten abaratar el crédito de inmediato.

Sin lugar a dudas estamos viviendo un período en la historia donde la democracia occidental definirá si es un modelo político y económico viable o, si es como lo menciona Jean François Revel, tan solo un punto en la línea del tiempo de la historia de la humanidad.

El sistema democrático, financiero y económico occidental como está concebido genera una serie de desequilibrios y desencantos entre la población, que conduce a fenómenos políticos como Donald Trump, quien por lo demás cuenta con el 70% de aprobación de los norteamericanos.

El asalto continuado a Ecopetrol y enquistado como objetivo para una presunta modernización de la Refinería de Cartagena, configura el calificativo de saqueo. Quedó en el primer lugar de delitos económicos durante los últimos años.

Tomada la descripción de la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la investigación en desarrollo puede ir más allá de lo divulgado. El saqueo es merecedor para otorgar la máxima distinción delincuencial, a asaltantes -de cuello blanco-, maniobra que pasa a la historia económica del país. 

Un verdadero fenómeno económico ronda las finanzas del Estado colombiano. Se trata de las demandas que pesan contra él. Los expertos las tasan en un poco más de 400 billones de pesos, mientras el Presupuesto Nacional 2017 es de 225 billones. Según las estadísticas de casos juzgados, el 70% de los pleitos son perdidos por el Estado. Pero lo que mucha gente no sabe es que ese dinero, que va para pocas personas, sale del bolsillo de los colombianos, de los impuestos que se pagan, disminuyendo así la capacidad de inversión social y en infraestructura.