La libertad de prensa es uno de los valores más importantes de cualquier sociedad abierta, como diría Karl Popper. De hecho lo primero que hace cualquier gobernante en su camino a la satrapía es atacar la prensa. Los métodos son tan diversos como el talante de cada sátrapa. Desde multas y leyes de prensa al estilo Correa, a la simple inexistencia de prensa libre como impusieron los hermanos Castro en Cuba.

La exfiscal del régimen chavista, Luisa Ortega era parte estructural de la revolución bolivariana.

Fiel seguidora del maestro supremo, cooperó activamente en la configuración del despotismo.

Gracias a su contribución a la causa revolucionaria, se estructuró un aparato de dominación basado en tres pilares.

Primero, el manto de impunidad que ha beneficiado a los diferentes círculos de poder, desde el anillo más cercano a Maduro y Cabello hasta los que ejercen el control periférico.

La sumatoria de un Código de Minas anacrónico, la falta de un ordenamiento territorial, el caos y la corrupción que se enseñoreó  en el antiguo Ingeominas, amén de  “la captura y reconfiguración cooptada del Estado”, como denomina Luis Jorge Garay el fenómeno que se extendió en muchas regiones del país a la sombra del paramilitarismo, contribuyeron a crear un caldo de cultivo en el que ha venido pelechando la extracción ilícita del oro.

La semana pasada las Farc, el principal cartel de narcotráfico del planeta, entregó un inventario con “todos” sus bienes, reportando un valor cercano al billón de pesos. No obstante, en dicho inventario relacionan platos, traperos, escobas, exprimidores, botas, tazas, cucharas y hasta sobres de sal de frutas. Así como cirugías ambulatorias, carreteras, “bienes incautados a la mafia”, fincas sin ubicar y ganado sin identificar.

Los ganaderos de Colombia definitivamente han llevado la peor parte de este Gobierno.
Creímos que la indiferencia era sólo con los productores de leche, pero con sorpresa igual queja escuchamos de Gustavo Castro Guerrero, exminagricultura en dos ocasiones, cuando manifestó que no había sido posible que Iragorri lo recibiera, y con cifras demostrara el deterioro del mercado nacional de la carne y sus nefastas perspectivas en el exterior luego del problema causado por la aftosa.
Castro es el presidente de Acinca, organismo gremial de los industriales de la carne. 

Nadie imaginó que las Farc, cuando realizaron su primera jornada de socialización del acuerdo de paz en el corregimiento del Conejo, en el departamento de la Guajira, con su personal fuertemente armado en medio de una población atemorizada y ante la indolencia de las autoridades, nos estaban notificando de la actitud con la que abordarían el cumplimiento de las muy escasas obligaciones que les correspondieron en cumplimiento del pacto simoníaco acordado con el gobierno.

La promesa de Trump de retirar sus tropas de allí, se ha reversado. Y es una de las pocas veces en las que tenía razón. El asesor nacionalista Steven Bannon fue despedido a raíz del viraje. El consenso del cual partían, al parecer correcto, es la deuda acumulada gracias a las guerras durante el presente siglo. Estas sirvieron a contratistas privados y han sido desastrosas para EE.UU.

Entre 2003 y 2005 las Farc le robaron al Fondo Ganadero del Huila más de 15.000 reses en Caquetá. En 2008, el Tribunal Administrativo del Caquetá condenó a la Nación en $8.493 millones, pero la inmensa pérdida desencadenó una época de dificultades a esa organización ganadera.

En nuestra época hace falta otra energía más auténticamente humana. Los males no comenzaron ayer, los hemos dejado pasar, y el tiempo de los tormentos nos empieza a atormentar. Ya no sirven los pregones encaminados a las buenas acciones, hace falta coraje y acción para derribar los muros de la mentira, de la hipocresía permanente sostenida por la desfachatez de algunos dirigentes, más preocupados por el dominio que por servir, por acumular riqueza para sí y los suyos en vez de trabajar por la justicia social.

Durante las últimas décadas a nivel nacional ocurrieron tres grandes escándalos que han afectado sensiblemente la legitimidad de los tres poderes públicos fundamentales de nuestra democracia: el proceso ocho mil al poder ejecutivo, la para-política al legislativo, y en estos días, con la investigación a cuatro exmagistrados de las altas cortes, al poder judicial. Y “si la sal se corrompe…”