Quien creyó estar libre de pecado parar tirar la primera piedra tendrá que agacharse a recogerla. No haber cometido pecado era el requisito. Pero ahora nos enteramos, que según lo dispuesto por el Honorable Consejo de Estado, al anular la reelección del Procurador General de la República de Colombia, Alejandro Ordoñez, su  pecado fue haber sido elegido de una terna presentada por Magistrados de la Corte Suprema a pesar de tener parientes en la Procuraduría nombrados por él. ¿Es eso realmente un pecado del Procurador? ¿De los Magistrados? o del ¿Congreso que lo eligió?

El 26 de septiembre, día de la firma del Acuerdo Final entre Santos y las Farc, se reunirán en Cartagena presidentes, delegaciones, jefes de Estado, narcos, terroristas, lagartos y periodistas. El espectáculo está garantizado, con bombos y platillos, Santos y Timochenko, firmarán la capitulación del Estado de Derecho a favor de las Farc, será la celebración de la victoria revolucionaria. Cinco días antes de que los colombianos votemos en el plebiscito, la comunidad internacional, en calidad de testigo y garante, asistirá al show que han montado.

La señora Holguín, malhadada canciller de la República, resuelve fungir ahora como hacedora universal de paz y experta en derecho criminal internacional. Improvisadora esencial y oportunista única -atributos de los vividores natos como es ella- tiene dos deudas pendientes. Una con el país, Nicaragua, y otra con la comunidad internacional, Venezuela. La salida del procurador Ordóñez no impedirá que su sucesora -muy seguramente la jurista antioqueña María Mercedes López- prosiga las investigaciones que se adelantan en su contra.

Al inicio del gobierno de 1998 la dirigencia del país estaba dividida por el ingreso masivo del narcotráfico en la elección anterior de Ernesto Samper. La situación regional parecía también favorable a las Farc, varios países de América Latina estaban en franca rebelión ante la errática política internacional de Bush. Y la guerrilla calculó que podía ganar la guerra interior  ante una élite que a veces negaba la existencia misma de ese conflicto. Así las cosas, el presidente Pastrana buscó un acuerdo como una medida sensata, cuando la correlación de fuerzas no le favorecía.

Hace pocos días le preguntaron a Humberto de la Calle si Timochenko podría ser Presidente en 2018 y respondió que eso podría pasar, pero dependería de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La evaluación de la relación de fuerzas y la aceptación de la narrativa sobre el origen y desarrollo de los conflictos determinan la simetría o asimetría que caracterizará las negociaciones y los eventuales acuerdos que se alcancen. Constituyen aspectos de enorme importancia a lo largo de las conversaciones y dejan su impronta en todos los temas que se convengan.

En 2011, el Presidente Santos a propósito de la celebración de los 201 años de Independencia, a los colombianos que están en el exterior  les aseguró que el trabajo adelantado en su primer año de Gobierno había permitido afianzar temas como la seguridad, la confianza inversionista y la cohesión social. Esas palabras se pronunciaron luego de que desde la administración de Andrés Pastrana, quien restableció el Te Deum, suspendido por Ernesto Samper y luego por Álvaro Uribe Vélez, se volviera a celebrar como ceremonia libre del Presidente esta conmemoración.

 “Que el mundo entero sepa que nuestro país es paz, es deporte, es amor”

Nairo Quintana

La  paz, la anhelada paz, que en todos los tiempos, todos los gobernantes de nuestro país, buscaron por todos los métodos, desde los últimos cincuenta años, está ad portas de firmarse en el país. Este acuerdo con las Farc, inicialmente tiene que arrastrar e impulsar a los otros sectores de la sociedad involucrados en el conflicto armado, a que se sometan  y otros logren acuerdos en similitud de los logrados con esta guerrilla.

El Gobierno acaba de anunciar que el producido de la próxima reforma tributaria no se destinará a financiar el posconflicto. Resta entonces por clarificar cómo se atenderán los compromisos adquiridos en los acuerdos de La Habana.

El jefe del Estado resolvió utilizar, de nuevo, un lenguaje agresivo para referirse a los argumentos de quienes abogan por el No, con el fin de reorientar los acuerdos que ha suscrito con Timochenko.

“Mienten” y “engañan” al país los que plantean la renegociación de lo ya convenido, fue lo que expresó recientemente.

Está totalmente equivocado el doctor Juan Manuel Santos.

Para empezar, es inevitable recordarle el punto 6.6 del mencionado acuerdo: