El Gobierno acaba de anunciar que el producido de la próxima reforma tributaria no se destinará a financiar el posconflicto. Resta entonces por clarificar cómo se atenderán los compromisos adquiridos en los acuerdos de La Habana.
La situación fiscal del país luce calamitosa. Todos los días salen noticias a cuál más alarmantes. Un día es la de que el proyecto de presupuesto presentado al Congreso para el 2017 entraña un recorte violento a la inversión llevándola a su más bajo nivel en décadas. El sector agropecuario, clave para el posconflicto, recibe por ejemplo un hachazo del 41%. Otro día se anuncia que no ha habido con qué presupuestar los subsidios eléctricos para los estratos 1,2 y 3, donde hay un faltante de más de un billón de pesos que, de no apropiarse, podría significar alzas en las tarifas del servicio eléctrico para estos usuarios del orden del 70% .
Así las cosas, es entendible el anuncio de que el mayor recaudo que produzca la reforma tributaria no irá a financiar el posconflicto. Escasamente alcanzará -es la lógica del anuncio- para recomponer unos mínimos de inversión pública. Pues con la inversión que aparece programada en el proyecto del presupuesto, por decirlo así, el país se paralizaría.
¿Por qué dejamos llegar a estos niveles deplorables a las finanzas públicas? Se menciona frecuentemente la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales como la explicación principal. Pero resulta que esta caída del petróleo ya se conocía desde hace más de dos años y, sin embargo, no se reaccionó a tiempo. Se le dieron largas al asunto.
El Ministerio de Hacienda incurrió en un grave error de cálculo: no presentó la reforma tributaria integral que se necesitaba hace dos años cuando había aún tiempo para diseñar y tramitar una reforma tributaria seria. Ahora, a las volandas, le toca superponer su trámite al del plebiscito y al de la legislación del fast track en el tercer trimestre del 2016.
Pésimo coctel para la ciudadanía: tendrá que votar por la paz y por más impuestos al mismo tiempo. Esto se debe, repito, al grave error de apreciación en que incurrió el Ministerio de Hacienda. Se confió demasiado, lo cogió la noche, y ahí están las consecuencias.
Ahora bien: ¿Si aún con una reforma tributaria drástica no se puede financiar el posconflicto, como anuncia el Gobierno, entonces cómo se hará?
Después de tanto esfuerzo persiguiendo la paz no podemos dejar desfinanciado ahora el posconflicto. Algunos dirán: lo financiaremos con la cooperación internacional que se está solicitando. Pero ha sido el mismo ministro Rafael Pardo quien ha tenido la honestidad intelectual de reconocer que, en el mejor de los casos, la cooperación internacional apenas financiará una porción reducida de los costos del posconflicto.
Lo cual, además, está bien por razones de dignidad nacional. No tendría presentación ante la historia que los colombianos no fuéramos capaces de financiar los acuerdos de la paz y que tuviéramos que recurrir en su totalidad a los extranjeros para hacerlo.
A la fecha, los recursos presupuestales para financiar el posconflicto son prácticamente inexistentes. A pesar de que estamos a pocas semanas de que sus taxímetros comiencen a marcar. Así como se le dieron largas injustificadas a recomponer las finanzas públicas, no podemos cometer ahora el mismo error dejando desfinanciada la gran tarea de aclimatar la paz en el país.
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