A estas alturas es posible afirmar que la insistencia en que el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc debe cumplir con las normas del Estatuto de Roma ha sido útil.
En un principio, esa posición era descalificada con el argumento de que se está frente a un problema colombiano que debe ser solucionado exclusivamente por los colombianos.
Se decía, además, que no había razón para asustar a la ciudadanía con el fantasma de la Corte Penal Internacional.