A pesar de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Fondo Adaptación del Gobierno nacional anunciaron que avanzan en el proceso de compra de predios para el reasentamiento de las familias afectadas en la subregión de La Mojana, algunos congresistas de la Costa ven demoras en este proceso.
En el caso de La Mojana, hoy se firmó el convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la compra de los tres primeros predios, de 46 que se tienen identificados, donde serán reubicadas de manera definitiva las familias damnificadas en esta subregión del país.
“El presidente Gustavo Petro propuso que cada familia reciba tierras para desarrollar y acompañar los proyectos productivos y de empleabilidad que decidan adelantar. Estamos cumpliendo con el mandato presidencial de buscar tierras seguras para los damnificados por los efectos del cambio climático”, aseguró Javier Pava Sánchez, director general de la Ungrd y gerente encargado del Fondo de Adaptación.
La Ungrd recordó que antes de culminar enero en los municipios de San Marcos y Majagual (ambas en Sucre) se realizará reunión con los beneficiarios de los apoyos económicos para poner en conocimiento el proceso de entrega de la segunda fase.
Por su parte, el senador José David Name señaló que “el incumplimiento con el reinicio de obras en Cara ’e Gato, pactado para el pasado 2 de enero, es el principal reclamo de los voceros de la sociedad civil y sectores productivos damnificados”.
“En una burla, dice la organización cívica Pacto por La Mojana, se han convertido los acuerdos con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), que dejó a cargo del Batallón de Ingenieros militares del Ejército Nacional, los estudios técnicos para el cierre definitivo del chorro Cara ’e Gato, quienes en días pasados manifestaron no tener la posibilidad para ejecutar los trabajos”, reiteró Name.
“Tenían que salir a protestar para que el Consejo de Gestión del Riesgo anunciara la reanudación del plan de intervención en La Mojana, y que la Ungrd informara el inicio de la compra de los primeros tres de 46 predios para reasentar familias damnificadas, pero aun así los mojaneros no se sienten escuchados. Más que anuncios, lo que la comunidad exige es el desarrollo de las obras de control de inundaciones y la ejecución que dejó el Gobierno anterior por $1,8 billones para mitigar el riesgo de desastres ocasionado por el invierno”, explicó Name.
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