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¿Choque de criterios?

A propósito de una nota publicada ayer en esta Sección sobre la urgencia de un sector del uribismo para que el Consejo Superior de Política Criminal se pronuncie sobre el proyecto de ley que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentará para “modernizar y humanizar la política criminal y penitenciaria”, un experimentado profesor de derecho penal en una de las principales universidades de la capital del país dijo que “se ve venir” un choque de criterios entre dos instancias claves en la materia. Como se sabe, el Ministro plantea un esquema penal en el que se permitiría que los delincuentes condenados no necesariamente tengan que permanecer en la cárcel, sino que aquellos que evidencien buena conducta puedan salir de prisión en el día e implementar acciones de justicia restaurativa con la sociedad y las víctimas. Esa medida, según varios alcaldes y algunos expertos, podría llevar a una excarcelación masiva de delincuentes, en sentido contrario a la Ley de Seguridad Ciudadana, expedida hace un año y cuyo principal objetivo era combatir la reincidencia criminal, en especial el ‘carrusel’ de entradas y salidas de prisión de delincuentes, como los ladrones de celulares.

Comisión y Consejo

“Hace dos semanas el Ministro designó mediante la resolución 0014 de 2023 a los 10 miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado… Se dijo que una de sus primeras tareas será la revisión, formulación de comentarios y retroalimentación del proyecto de ley de humanización de la política criminal y penitenciaria. Esa comisión, es claro, no desplazará al Consejo de Política Criminal… Resulta obvio que la Comisión Asesora debe tener algún grado de empatía con la filosofía jurídica del proyecto de Osuna, pues nadie nombra una instancia de asesoría que esté en la orilla contraria… Pero también es claro que en el Consejo, si bien está presente el ministro y otras instancias del Gobierno, la voz de mayor peso la llevan los presidentes de dos salas de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura así como los titulares de Fiscalía y la Procuraduría… Estos dos últimos, como se sabe, se han mostrado críticos de varias medidas político-jurídicas del gobierno Petro en materia de paz y no se sabe qué piensen sobre una vía penitenciaria que lleve a una excarcelación masiva”, precisó la fuente.

La Comisión

¿Quiénes integran la Comisión? Están Marcela Gutiérrez Quevedo, directora del Centro de Investigación de Política Criminal y coordinadora de la Cátedra Unesco; Mónica Cifuentes Osorio, abogada, exgerente jurídica del proceso de paz con las Farc y exprocuradora Delegada con funciones de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz; y María Victoria Llorente Sardi, politóloga, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y consultora de organismos multilaterales e instituciones públicas colombianas en proyectos sobre paz, diálogo, seguridad ciudadana, prevención del crimen, reforma policial y política de drogas. También figuran Gloria Patricia Lopera Mesa, especialista en argumentación jurídica, magíster en antropología y doctora en Historia y Derecho; Luisa Fernanda Cano Blandón, máster en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Derecho; Rodrigo Uprimny Yepes, abogado e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad ‘Dejusticia’ y doctor en Economía; Iván Orozco Abad, especialista en Derecho Constitucional y Teoría del Estado y doctor en Ciencia Política; Miguel Emilio La Rota Uprimny,  abogado, economista y máster en Políticas Públicas y Administración Pública; Daniel Gómez Mazo, abogado y máster en Derecho, y Mauricio Pava Lugo, especialista en Casación Penal y conjuez de la Corte Suprema Justicia.

Uprimny, presidente

Según el ministerio de Justicia, los miembros de la comisión fueron designados ad honorem para un período de dos años, que podrá prorrogarse si así lo considera el titular de la cartera. De entrada, la comisión escogió como presidente a Uprimny Yepes y como vicepresidenta a Lopera Mesa.