Off the records

Pocas voces

Ayer se esperaba que el Gobierno expidiera el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro retoma funciones directas en las comisiones de regulación de servicios públicos. Según trascendió al comienzo de la semana, la confección de la norma ha sido demorada por las complejidades políticas. En medio de la polémica por esta decisión gubernamental, hay voces por fuera del Pacto Histórico que la respaldan. Por ejemplo, el exsenador y exministro Rodrigo Villalba señaló que “la medida de Petro es oportuna, legal y conveniente, en hora buena reasume las funciones de control de servicios públicos que habían sido delegadas en las comisiones reguladoras, acorde con los artículos 370 de la Constitución Política y 68 de la Ley 142 de 1994”.

Algo no cuadra

De acuerdo con Rodrigo Villalba, de origen liberal y quien suena para lanzarse a la Gobernación del Huila, “es oportuno poner en cintura a quienes abusen o especulen con las tarifas de servicios públicos, agudizando la situación del alto costo de vida y de carestía. Es claro que el incremento acumulado alcanzó un 35%. Lo que más pesa es la energía, indexada con el Índice de Precios al Productor (IPP), el cual venía variando entre el 3% y 5% anual, después de la pandemia este indicador ha sido de 2% o 3% mensual. Imaginémonos el impacto. A lo anterior se suma la autorización de la CREG a las empresas de servicios públicos para que cobren las inversiones en la red. No se justifica que con embalses al 85%, el precio de energía supere los $500 KW, cuando en noviembre estaba en $246 KW. Algo no cuadra, y la comisión reguladora no explica, han manipulado el precio en bolsa”.

Texto de 1ª vuelta

El pasado 26 de enero, el Gobierno emitió el decreto 0113 publicando el texto definitivo del proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se busca recortar las vacaciones del Congreso. Esta iniciativa de reforma constitucional ya fue aprobada en primera vuelta por el Parlamento durante el tramo de legislatura que terminó en diciembre pasado. Ahora le restan los cuatro debates de la segunda vuelta para que pueda convertirse en parte de la Carta Política. A diferencia de otros proyectos para depurar el Parlamento, como el de la rebaja salarial o la disminución de curules del Senado y Cámara, que se encuentran estancadas en el Senado y Cámara, esta iniciativa para alargar el tiempo de sesiones del Legislativo es la única que ha avanzado. Esto pese a que todos los partidos, incluyendo la mayoritaria coalición partidista de Gobierno, se comprometieron a sacar adelante las distintas reformas, no solo esta.

Dos condicionamientos

La reforma constitucional que recorta las vacaciones de los senadores y representantes cambia el artículo 138 de la Carta, ordenando que el segundo tramo de la legislatura ordinaria comience un mes antes, es decir el 16 de febrero. Se da por descontado que el acto legislativo, con apoyo de la coalición oficialista, los independientes y la oposición, será aprobado antes del 20 de junio y empezaría a regir desde el próximo año. Sin embargo, el texto aprobado en la primera vuelta trae dos condicionamientos. De un lado, que entre el 16 de febrero y el 15 de marzo sólo se podrán tramitar leyes ordinarias de origen congresional, adelantar debates de control político y audiencias públicas. Se exceptúa de esta restricción el trámite del Plan Nacional de Desarrollo. Y, en segundo término, en el periodo de sesiones en el que se lleven a cabo las elecciones al Congreso, este periodo iniciará el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio.