Las negociaciones de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el Eln atraviesan un momento que, para llamarlas suavemente, podemos catalogar como una crisis profunda.
La espoleta que ha hecho reventar esta crisis fue el infame asesinato por parte del Eln de nueve soldados que no estaban combatiendo la guerrilla, sino que dormían luego de sus labores habituales consistentes en cuidar el oleoducto de Caño Limón que conduce crudo desde de los pozos ubicados en el departamento de Arauca hasta las instalaciones de exportación marítimas, localizadas en el departamento de Sucre.
Pero más allá de este episodio que conmovió a la opinión pública esta semana hay, naturalmente, otros muchos factores que enturbian el futuro de las negociaciones con este grupo armado. Negociaciones que después de un paréntesis de cuatro años durante el gobierno Duque se han reanudad en la administración Petro.
El gobierno parece tener, en primer lugar, una actitud débil y blandengue contra esta guerrilla alzada en armas, una de las últimas que subsiste en América Latina. La agenda misma -o temario a desarrollar durante las negociaciones- que fue acordada en la segunda ronda de negociaciones y concluyó en ciudad de Méjico hace pocos días, ha merecido reproches de muchos observadores.
La juzgan vaga y sobre todo redactada de tal manera que parecería otorgarle al Eln la posibilidad de negociar un verdadero cambio de modelo a la estructuras económica y social en Colombia (si es que se llega algún día a suscribir acuerdos de paz con esta guerrilla). Tampoco es clara la agenda sobre cómo y cuándo se dará la desmovilización y la entrega de armas del Eln al final de las negociaciones.
El presidente Santos, en las negociaciones con este grupo armado que él lideró, dijo siempre que había “líneas rojas” que no podían sobrepasarse en ningún momento. Y una de esas líneas rojas era la Constitución y el modelo económico de Colombia, que en buena parte está consagrado en la carta política de 1991.
El gobierno actual ha dicho lo contrario: que no habrá líneas rojas en estos diálogos de paz, y que no hay temas vedados. De hecho, hace algunos días, el propio presidente Petro en reunión celebrada con empresarios y dirigentes antioqueños agrupados en “Pro-Antioquia”, afirmó que él estaba dispuesto a negociar el “modelo económico colombiano”. Y que había sido un error de Juan Manuel Santos desechar esa alternativa, cuando afirmó que en torno al “modelo económico” había una línea roja infranqueable.
Lo anterior, naturalmente, ha creado perplejidad en Colombia.
Un colaborador de El País informó hace algunos días que cuando se estaba discutiendo la agenda en Méjico, el Eln se había opuesto a que apareciera en el texto de la agenda la expresión “Estado social de derecho”, que es justamente como la Constitución denomina la organización toda del andamiaje institucional colombiano. Pero la delegación gubernamental terminó aceptando esta imposición del grupo guerrillero. Mal augurio.
Otro motivo grave de desencuentro con el ELN: que este grupo no reconoce la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario aún antes, inclusive, de que se firme un cese al fuego y de hostilidades.
Olvida el Eln que desde los protocolos de Ginebra acordados en 1949 cuando terminó la segunda guerra mundial, quedó consagrado (protocolos dos y tres) que todo grupo alzado en armas, desde el mismo momento en que se sienta a negociar con un gobierno legítimo, tiene el deber de respetar el DIH, es decir, no maltratar ni aterrorizar a la población civil no combatiente.
El Eln no respeta este postulado y uno de sus jerarcas, Antonio García, dijo hace poco por Twitter- palabra más palabra menos- que mientras no se firmara un acuerdo de cese bilateral al fuego este grupo alzado en armas podía hacer cualquier cosa. Lo que es, por supuesto, inaceptable. Y además motivo justificado de rechazo por parte de la opinión pública y de la sociedad civil colombiana que cada vez ve con más desapego y repudio al Eln.
¿Qué sigue hacia adelante? Naturalmente lo prioritario es llegar pronto a la suscripción de un cese al fuego y de hostilidades, para lograr que las negociaciones que sigan en la abigarrada agenda convenida puedan adelantarse al menos en calma y civilidad.
En las últimas horas, se ha insistido en que al comenzar la nueva ronda de negociaciones en la Habana el próximo mes ( pues debe saberse que estas negociaciones van girando como carpas gitanas de sede en sede: ya estuvieron en Caracas, luego en Méjico, y ahora siguen para Cuba), lo primero que el gobierno debería decirle al ELN con todas las letras es lo siguiente: NO se negociará ningún otro punto de la agenda hasta que esté implementado, debidamente supervisado y vigilado con los correspondientes protocolos, un cese al fuego sólido y creíble.
Ese cese al fuego y de hostilidades hoy no existe, ni ha existido desde que comenzó la administración Petro a pesar de que el presidente colombiano anunció el pasado 31 de diciembre el 2022 que ya estaba listo. Inmediatamente el Eln respondió con un baldado de agua fría reiterando que ellos no habían acordado ningún cese al fuego con este gobierno.
Con posterioridad al asesinato de los nueve soldados en el Catatumbo el pasado miércoles, el gobierno Petro convocó el viernes una reunión de emergencia con todo su equipo negociador, en la cual la gran conclusión fue hacerle la siguiente pregunta al Eln: ¿Ustedes, con hechos repudiables como el asesinato de estos jóvenes soldados ocurrido en la región del Catatumbo creen dar muestras de paz, o simplemente quieren hacerse fuertes en la mesa de negociaciones?
El Eln tiene ahora la palabra.
* Este artículo fue publicado originalmente en el “País” de España.
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