Cuando las palabras van contra los hechos, viendo todo el mundo cuáles son los hechos -que por naturaleza son tozudos-, se tiene lo que llamamos contra evidencia, y ella, precisamente por causa de la discrepancia -porque las palabras no tienen tanto poder como para desaparecer los hechos-, se devuelve contra quien las pronuncia.
Ahora bien, si se está ante una falta de conocimiento o información, ante un conocimiento incompleto o frente a una información incierta y discutible sobre los hechos, lo más indicado, como lo aconseja la prudencia -que “hace verdaderos sabios”- cabe guardar silencio, mantener la reserva. No dar por cierto lo que no se sabe y no pronunciarse sobre hechos inciertos y discutibles -como enseña la sabiduría ancestral, cada cual es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice-, con mayor razón si se trata de un alto servidor público, de una autoridad jerárquica superior o -para el caso- de un presidente de la República. Este, al hablar -en especial si lo hace en su condición de Jefe de Estado-, no se compromete solo, sino que, por su propia función e investidura, a nivel internacional representa y compromete al Estado y a sus nacionales.
Esta reflexión obedece a los más recientes y luctuosos acontecimientos. Con el debido respeto, consideramos que no estuvo bien que el Gobierno colombiano, en repetidas declaraciones de distintos funcionarios -inclusive del Presidente de la República-, haya pretendido dar a entender al mundo que el grave caso del secuestro y posterior asesinato de los periodistas del diario “El Comercio” de Quito era un problema exclusivamente ecuatoriano. Si no lo dijeron así, con esas exactas palabras, al menos lo dieron a entender, y así lo entendieron, además, los periodistas y ciudadanos ecuatorianos. Cuando el Presidente fue interrogado en Lima –asistía a la VIII Cumbre de las Américas- acerca del tema, manifestó textualmente: “Este hecho se produjo en el Ecuador, alias ‘Guacho’ es un ciudadano ecuatoriano, pero sabemos que solamente colaborando con las Fuerzas Armadas Ecuatorianas es que podemos poner a buen recaudo a este criminal”. Es decir: problema ecuatoriano -no colombiano-, pero les vamos a ayudar. Con toda generosidad.
Error. No lo compartimos en el momento en que escuchamos las declaraciones de nuestro presidente, pero menos ahora, cuando él mismo ha reconocido que el crimen se cometió en Colombia y que los cadáveres están en territorio colombiano. Eso no nos favoreció. Quedamos mal. Tan mal como cuando proclamamos a los cuatro vientos que Colombia es hoy –tras la firma del Acuerdo con la Farc- un remanso de paz, al paso que la evidencia muestra que no es cierto que estemos en paz.
Como decíamos en columna radial, más allá de la nacionalidad de "Guacho", lo cierto es que el crimen tuvo lugar en Colombia, que los terroristas hacen parte de una organización guerrillera colombiana -disidente o no-, y que en la zona de frontera están operando esos delincuentes y otros, afectando a Colombia y al Ecuador, lo que ha llevado al Gobernador de Nariño, Camilo Cano, a decir que en ese Departamento no hay paz, y al presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, a sostener que allá están sufriendo las consecuencias del conflicto colombiano.
No nos engañemos, ni engañemos. El problema de la frontera, aunque también afecte al Ecuador, es colombiano, y está mal que nuestro Gobierno se quiera lavar las manos.
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