Enfrentado

Las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes debatieron el proyecto de Ley “por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020” que implementa las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, con el propósito de agilizarlos y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Vale decir que este proyecto de ley tiene el respaldo de las altas cortes (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura), el Gobierno nacional (Ministerio de Justicia y del Derecho) y la Defensoría del Pueblo.

Incluso el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, a través de su presidente, Francisco Bernate, asegura que “son muchos los beneficios que ha traído a la justicia penal la virtualidad; sin embargo, hay quienes prefieren una justicia paquidérmica, a puerta cerrada, sin registros de audiencia y ajena al debate público”.

“Tampoco es cierto que con la virtualidad se facilite el falso testimonio, como lo demuestra que las denuncias y quejas por este delito se han disminuido desde que se aplica el decreto 806 de 2020. Por demás, la norma es clara en señalar que se acudirá a la presencialidad cuando resulte necesario, por ejemplo, en la práctica de pruebas”, agregó.   

“Bienvenido el debate, pero es importante que sepamos que detrás de esto está el riesgo de una parálisis en la administración de justicia y que los ciudadanos tengan que volver a pagar autenticaciones por trámites que hoy son gratis, y por supuesto, la vulneración de las garantías y derechos de los procesados, las víctimas y la comunidad en general, que se han visto beneficiados con la virtualidad”, finalizó.

Por su parte, Henry Sanabria, socio y fundador de la firma Sanabria & Andrade, y quien además hizo parte de la comisión de asesores del Gobierno en materia de esta implementación, compartió algunos de los puntos en contra del Sistema Judicial frente a la virtualidad.  

1. Existen dudas respecto a las constancias de entrega o radicado de memoriales mediante correos electrónicos, ya que no siempre se cuenta con un acuso de recibido por parte del despacho judicial.
2.  Se ha presentado un exceso de formalismo por parte de ciertos despachos judiciales para admitir demandas, requiriendo anexos que no son obligatorios.
3. Se ha evidenciado, en algunos casos, una falta de colaboración de parte de los abogados y los intervinientes para facilitar la realización de las audiencias virtuales. Es necesaria la colaboración de todos para asegurar que las actuaciones se realicen sin problemas, como, por ejemplo, preparar con antelación las condiciones técnicas de conectividad para la realización de audiencias virtuales.