Setenta años

Algunos medios han recordado la fecha del 13 de junio de 1953 en la cual, se dice, Colombia tuvo tres presidentes y, finalmente, el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla asumió el gobierno con el beneplácito de todos los partidos políticos y de sus dirigentes, salvo una pequeña facción que acompañó al Presidente titular, Laureano Gómez.

Particularmente, EL NUEVO SIGLO, recordó que el Presidente Gómez había acudido al Palacio para solicitar que el Presidente Encargado, Urdaneta Arbeláez, destituyera al general Rojas porque en las cercanas instalaciones del Servicio de Inteligencia estaban torturando al distinguido empresario Felipe Echavarría. Se trataba de una gestión para preservar los derechos humanos de un ciudadano. El Presidente Urdaneta no consideró oportuna y conveniente la decisión que se le solicitaba. Ello obligó a que el doctor Gómez reasumiera el poder presidencial, convocara un Consejo de Ministros, presentara esa solicitud y ante la negativa del entonces Ministro de Guerra, Lucio Pabón Núñez, lo reemplazara inmediatamente con Jorge Leyva, quien al buscar el reconocimiento respectivo en una brigada militar fue puesto inmediatamente preso.

Esto fue lo que Darío Echandía, eminente dirigente liberal, denominó como "un golpe de opinión" y no un golpe de Estado. (Colombia se distingue por no haber utilizado esa figura al estilo de Argentina y otros países). 

Es inconveniente dejar de recordar lo que constituye una importantísima característica de nuestro sistema político y que también nos distingue de otros países latinoamericanos. Se trata de eso que con desprecio muchos llaman “leguleyismo” o "santanderismo". Es la manera como designan nuestro apego, si se quiere exagerado, al imperio de la ley, a la vigencia del derecho, a la creación de muchísimas leyes y múltiples regulaciones. No quiere ello decir que tengamos el mismo fervor por hacerlas cumplir, por observarlas a cabalidad, por inculcar un comportamiento ciudadano de pleno asentimiento de esa normatividad.

Todo esto viene a cuento porque si algo hay que recordar con respecto a ese momento crucial de nuestra vida política es el Acto Legislativo No. 1 de 1953 aprobado cinco días después del "golpe de opinión" por una Asamblea Constituyente creada por el Presidente Laureano Gómez, por él integrada, que en su primera reunión dictó el primer Acto, antes mencionado y por el cual se reformaron disposiciones de la Constitución Nacional.

En primer lugar, declaró que el 13 de junio quedó vacante el cargo de Presidente de la República y que el título legítimo lo tenía ahora el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla "quien ejercerá el cargo por el resto del período presidencial en curso". Este Acto Legislativo fue sancionado por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el expresidente Mariano Ospina Pérez. Así se aseguraba la continuidad del mandato legal que había recibido el Presidente Laureano Gómez en cabeza del General Rojas. 

La tradición jurídica colombiana es la garantía de nuestros derechos y ella es la que le ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos colombianos y extranjeros, la que nos permite vivir y convivir sin grandes zozobras ni incertidumbres.  

El expresidente Gaviria habla en su texto del 14 de junio de 2023 (El Tiempo pg.1.15) de la importancia de respetar la institucionalidad y afirma que es posible realizar reformas "pero sin destruir las instituciones que bien han servido al país (...)". Reitera así nuestra devoción por el Estado de Derecho. Nuestro apego a la Ley.