EU descarta planes para participar en diálogos o financiar al Eln

Archivo AFP

La posible participación de Estados Unidos en los diálogos que adelanta el Gobierno nacional con Eln y en un eventual fondo multidonante, fue descartada por ese país.

El Departamento de Estado considera que los miembros de esa guerrilla son terroristas que deben enfrentar a la justicia.

“El gobierno de los Estados unidos mantiene un gran interés en garantizar que los terroristas y otros grupos armados ilegales enfrenten la justicia y no reciban impunidad. El Eln sigue siendo una organización terrorista extranjera (...)”, señala un documento conocido ayer.

Añade que “Estados Unidos no tiene ningún plan para proporcionar al Eln ningún tipo de asistencia o recursos”.

Más adelante indica el documento del Departamento de Estado que “Estados unidos no tiene planes actuales de unirse a las conversaciones entre el gobierno de Colombia y el Eln. Sin embargo, continuamos monitoreando de cerca estas discusiones”.

Desde el 2016, Estados Unidos ha respaldado la implementación del acuerdo de paz con las Farc con más de US$ 1500 millones en asistencia.

Con relación al fondo multidonante, el Gobierno nacional, a través del comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha sostenido que “nunca se ha hablado de ese fondo en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, y lo que se ha aclarado a la opinión es que ese asunto se derivará cuando ya haya una fase más sólida del acuerdo de paz con el Eln, pero con cualquier grupo armado será lo mismo. Esto no es nada novedoso ni nada distinto. Todos los procesos de paz, cuando tienen conclusiones con dejaciones colectivas y con asuntos de acuerdos, tienen que lograr una transición para los grupos armados a la vida legal”.

Como se recordará, tanto el fiscal como otros sectores rechazaron la posibilidad de crear ese fondo.

Según el jefe del ente investigar, eso sería obligar a los colombianos a pagarle una “vacuna” al grupo subversivo.

Entre tanto, en un artículo titulado “Cómo se descarriló la primera presidencia de izquierda en Colombia”, The Washington Post, hace un análisis sobre la forma en que los últimos escándalos han afectado al gobierno de Gustavo Petro y, en contraste, han ocasionado una reacción positiva en los mercados.

La nota, escrita por Matthew Bristow, editor de Economía y Gobierno para América Latina de Bloomberg, se hace un resumen del caso que estalló a finales de mayo, cuando Marelbys Meza, exniñera del hijo Laura Sarabia, denunció que en enero de este año fue sometida a una irregular prueba de polígrafo después de que la acusaran de haber robado dinero de la casa de la exjefa de Gabinete.

Los siguientes cuatro puntos del análisis de Bristow se concentran en los efectos que podría tener el escándalo en el futuro de Petro como presidente, las reformas que está tramitando y la reacción de los mercados ante lo que está pasando.

El periodista se pregunta si Petro sobrevivirá al escándalo, y explica que si bien ningún jefe de Estado ha sido destituido en Colombia y que la mayoría analistas coinciden en que sí sobrevivirá, será muy difícil dejar el “escándalo atrás”. Esto debido a la investigación de la Fiscalía sobre las chuzadas, las indagaciones a la campaña por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un posible proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, lo que “podría llevar potencialmente a cargos penales o a una votación de destitución”.



“Con tantas preguntas sin respuesta, es posible que el escándalo se prolongue durante mucho tiempo y el gobierno quede empantanado en investigaciones”, añade Bristow.

Asimis, Bristow sostiene que las reformas que intenta tramitar el presidente Petro buscan “reducir el papel del sector privado en la provisión de atención médica y pensiones” y “fortalecer los derechos de los trabajadores”, pero que se ha encontrado con la oposición de los partidos Liberal, Conservador y La U en el Congreso.

Finalmente, Bristow se pregunta si el Gobierno está terminado. Y la respuesta es no porque Petro aún puede reconstruir las mayorías en el Congreso y que el mandatario todavía tiene tres años en los que puede nombrar codirectores del Banco de la República y postular nombres para magistrados, así como “gobernar por decreto durante un tiempo”.