GRANDES y complicados, así son los retos que tendrá el país en materia política en este segundo semestre, luego de que el primero presentara un ritmo accidentado y traumático.
De entrada, como es obvio, gran parte de la tarea girará en torno al margen de acción que tenga el gobierno Petro, que arranca la segunda parte del 2023 en una situación difícil, no solo porque el clima de polarización política es muy alto, sino porque en las encuestas sus márgenes de popularidad y calificación de gestión son muy bajos.
Es claro que el país requiere que desde la Casa de Nariño se envíen señales de estabilidad en el rumbo y desarrollo gubernamental tranquilo. Los remezones ministeriales, las continuas controversias del jefe de Estado con la Fiscalía, Procuraduría, Altas Cortes Judiciales y otras instancias, no contribuyen a ese objetivo.
Tampoco lo hacen los anuncios intempestivos presidenciales en cuanto a políticas clave o la sucesión de escándalos que se han dado en las últimas semanas, que han ido desde interceptaciones ilegales hasta filtraciones de controversias entre altos funcionarios como la exjefa de gabinete Laura Sarabia y el exembajador Armando Benedetti, que desembocaron en sendas pesquisas sobre la financiación de la campaña presidencial en 2022.
Así las cosas, corresponde al Gobierno procurar que el día a día de la gestión tenga un trámite más tranquilo y menos conflictivo. Sin embargo, las encuestas evidencian que hay muchos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales que consideran que el mayor problema de Colombia está en la incapacidad del Ejecutivo para señalar el norte al que quiere llevar el país e implementar una hoja de ruta viable y realista para hacerlo.
De hecho, para no pocos analistas gran parte del futuro político del país será definido en este segundo semestre por el tono y mensaje central que utilice el presidente Petro en el discurso de instalación de la segunda legislatura, el próximo 20 de julio. Si ese día el jefe de Estado abre las puertas a la concertación política y llama a buscar caminos de discusión más tranquilos y proactivos, se podría abrir el sendero de una gestión menos confrontacional y más eficaz en cuanto al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Ahora, si Petro insiste en desafiar a sus contradictores políticos, tachándolos de querer aplicar una especie de ‘golpe blando’ para sacarlo del poder y bloquear la agenda del cambio, la polarización política y partidista se ahondará, con el agravante de que tendrá como telón de fondo el remate de la campaña de cara al 29 de octubre, cuando se elegirá a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.
Es incuestionable que la oposición aprovechará el mal momento del Gobierno de izquierda para evitar que ésta, en sus distintas expresiones partidistas, avance de manera sustantiva en los mapas del poder político departamental y municipal.
Otro de los desafíos políticos de este segundo semestre será la reglamentación y arranque del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, cuya primera titular será la vicepresidenta Francia Márquez. Hay mucha expectativa alrededor de esta cartera, porque no está claro el campo funcional de la esta y de la planta burocrática y si no se producirá un choque de competencias con otras dependencias.
Dilema legislativo
A lo anterior debe sumarse que el Gobierno no solo no cuenta con una coalición mayoritaria en el Congreso ‒luego de que la rompiera en abril pasado‒, sino que, además, tiene empantanadas en segundo debate las reformas a la salud y las de pensiones.
Como si fuera poco, la Casa de Nariño anunció que en este segundo semestre volverá a llevar al Parlamento la reforma laboral que se le acaba de hundir esta semana, al cierre de la primera legislatura. Asimismo, piensa radicar iniciativas para modificar el Código Minero, la Ley General de Educación y la normatividad marco de los servicios públicos.
Incluso, desde el Pacto Histórico se dijo en los últimos días que radicarán también otro proyecto dirigido a avanzar en la legalización del consumo recreativo de marihuana, pese a que se acaba de negar una iniciativa en ese sentido en octavo y último debate en el Senado (el pasado martes). Los proyectos de “humanización carcelaria” y de sometimiento a la justicia de bandas multicrimen (clave para la política de paz), que también fracasaron, volverán a presentarse.
Para poder avanzar ese denso paquete legislativo el Gobierno solo tiene dos opciones: la primera, tratar de recomponer la coalición mayoritaria, lo que resulta muy improbable, ya que los partidos Conservador y de La U están ahora en la franja de la independencia.
Lo único sería recomponer las relaciones con los liberales, que continúan como partido oficialista, según lo ratificó semanas atrás el jefe único de las toldas rojas, el expresidente César Gaviria, aunque condicionó ese apoyo a que el Ejecutivo acepte concertar el alcance de las reformas. La sumatoria de la coalición de centroizquierda con los votos liberales en Senado y Cámara, le da cierto margen de acción al Gobierno para tratar de avanzar la agenda, pero es claro que, si se unen conservadores, La U, uribistas y Cambio Radical pueden bloquearla de forma sustancial.
Lo segundo sería que Petro acepte que debe consensuar con los partidos independientes y de oposición el contenido de las reformas en tránsito y las que piensa presentar en este segundo semestre. Si se abre esta puerta de manera efectiva y verificable, podría tener alguna opción de sacar adelante las iniciativas que considera claves para el ‘cambio’.
Si, por el contrario, el Gobierno insiste en radicalizar su discurso, recalcando que no negocia el contenido sustantivo de las reformas e incluso convocando a sus bases populares para presionar en las calles al Parlamento y los partidos contradictores a dar vía libre a estos proyectos, entonces la conflictividad política aumentará.
Coletazos judiciales
En esta segunda parte de 2023, sin duda alguna, los entes de control y la propia Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes tendrán el desafío de tomar las decisiones a que haya lugar, en cuanto a los procesos que adelantan por el escándalo de las ‘chuzadas’ a las exempleadas de Sarabia, las denuncias del exembajador Benedetti, las pesquisas sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro y otros procesos paralelos como las causas contra Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, hijo y hermano del jefe de Estado, respectivamente.
El país está a la espera de que la Fiscalía, la Procuraduría o la Corte Suprema de Justicia aclaren, dentro de sus respectivos campos funcionales y de competencia, ¿cuánto dinero le robaron a Sarabia?, ¿cuál era el origen real de esa plata?, ¿por qué se acudió a mecanismos extrajudiciales para hacer pruebas de polígrafo e interceptaciones ilegales para rastrear esos recursos? También debe quedar claro ¿quién dio las órdenes de tales procedimientos?, ¿qué uniformados y particulares participaron?, así como otra serie de situaciones sospechosas.
De igual manera, tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara tienen que avanzar en las indagaciones que adelantan sobre la financiación de la campaña Petro, sobre todo a partir de los audios filtrados del exembajador Benedetti, en cuanto a una entrada de $ 15.000 millones de pesos que, según sus palabras, si se sabe el origen de esos dineros “todos vamos presos”.
Sin embargo, no son estos los únicos procesos judiciales que tendrán gran impacto político en el segundo semestre. También tiene que conocerse, de una vez por todas, si el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, será finalmente llamado a juicio por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Igualmente, se espera que en este segundo semestre se avance en varios procesos por pérdida de investidura contra congresistas de distintos partidos en el Consejo de Estado.
En la Corte Suprema, de la misma manera, hay por lo menos una decena de causas formales abiertas contra senadores y representantes. Además, 19 parlamentarios liberales están en turno de ser llamados a rendir declaración dentro de las investigaciones por la presunta repartija burocrática en el Fondo Nacional del Ahorro.
A todo lo anterior, debe sumarse que en la segunda mitad de este año se espera que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado proyecten fallos sobre un alud de demandas de alta implicación. Por ejemplo, en los próximos meses el primer Alto Tribunal deberá dar a conocer las sentencias sobre las causas contra artículos claves de la reforma tributaria o el mismo Plan Nacional de Desarrollo, entre otras.
Tres escogencias claves
Otros de los grandes retos políticos de este segundo semestre son los tres procesos de elección de altos funcionarios que deben surtirse o avanzarse.
Por un lado, mañana comienza en el Congreso el proceso para la escogencia del nuevo Contralor General, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección del anterior titular, Carlos Hernán Rodríguez, precisamente, por errores mayúsculos que se cometieron el año pasado en el proceso de elección.
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El Parlamento debe tener máximo cuidado de no volver a incurrir en vicios de forma y procedimiento en este proceso de convocatoria pública, que en su fase inicial está en cabeza de una universidad que revisa hojas de vida y los requisitos, así como aplica exámenes y entrevistas.
En la última etapa la universidad entrega un listado de finalistas a una comisión congresional que escoge una baraja de candidatos, y luego las plenarias de Senado y Cámara hacen la respectiva escogencia.
A ello se suma que Petro tendrá que afrontar uno de los procesos más delicados para cualquier Presidente: la confección de la terna que se remitirá a la Corte Suprema de Justicia para que elija al Fiscal General de la Nación, ya que, a Francisco Barbosa, con quien el jefe de Estado ha tenido fuertes controversias, se le vence el período a mediados de febrero.
Aunque que la oposición advierte desde ya que Petro lo que quiere es un Fiscal ‘de bolsillo’, que incluso le archive procesos como los que están vigentes por las ‘chuzadas’ en el caso de la exjefa de gabinete Laura Sarabia o el que indaga sobre presuntas anomalías en la financiación de su campaña.
En vista de lo anterior, al Gobierno no le queda más que verse en la obligación de armar una terna que la Corte considere garantista y objetiva para escoger al nuevo jefe del ente acusador.
Por otro lado, asimismo, la Corte Constitucional, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado abrieron el concurso de méritos especial para escoger al nuevo Registrador Nacional del Estado Civil, debido a que el actual titular, Alexander Vega Rocha, se le vence el período el próximo 5 de diciembre.
Elecciones viables
Para este segundo semestre se siguen presentando grandes apuestas y unas de ellas serán las elecciones regionales. Como se sabe, la antesala de la recta final de la contienda electoral ha estado marcada por un pico de violencia en distintas zonas, especialmente por el accionar de los grupos residuales de las Farc, la guerrilla del Eln, el ‘Clan del Golfo’ y otras bandas criminales de amplio espectro.
Si bien el Gobierno y el Comité de Garantías Electorales han dicho que el proceso electoral no se encuentra en peligro, gobernadores, alcaldes, Fiscalía, Defensoría, Procuraduría y otras instancias públicas y no gubernamentales advierten casos de presiones a la ciudadanía, veto de candidatos, sospechas de financiación ilícita y otros delitos contra el sufragio.
Resulta evidente que corresponde al Gobierno garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de forma pacífica y transparente. Sin embargo, las interferencias de los grupos ilegales han venido creciendo semana tras semana.
De hecho, los mandatarios seccionales y locales han señalado que los efectos de la política de ‘paz total’, sobre todo los improvisados cese el fuego, así como las limitaciones al accionar ofensivo de la Fuerza Pública durante el tiempo en que esas treguas estuvieron vigentes con las disidencias de las Farc y el ‘Clan del Golfo’, terminaron siendo un ‘incentivo perverso’ para que los ilegales empezaran a presionar la contienda proselitista.
Si bien el Ministerio de Defensa ha dicho que todo el pie de fuerza se destinará a garantizar una campaña y una jornada democrática pacífica y transparente, el reto para cumplir ese objetivo es muy grande y exigirá del Estado la capacidad de ordenar intervenciones contundentes y efectivas contra los grupos armados ilegales, estén o no en medio de los diálogos de paz.
Seguridad y política de paz
En resumen, otras de las grandes tareas para la segunda parte del año es recuperar el control del orden público en varias zonas. Como se ha mencionado, hay alertas en distintas regiones por un aumento de homicidios, masacres, desplazamiento forzado, secuestros, extorsiones y otra serie de delitos de alto impacto, tanto en áreas urbanas como rurales. Aunque el Ministerio de Defensa señala que, a la luz de sus estadísticas la situación no es tan crítica como se denuncia, lo cierto es que las evidencias del deterioro de la seguridad y el orden público cada vez son más innegables.
Incluso, esta es una de las principales críticas de la oposición al Gobierno, más en momentos en que están por conocerse los informes de la Casa Blanca y la ONU sobre el crecimiento de narcocultivos en Colombia el año pasado. Tras el cambio de estrategia antidroga este es uno de los flancos débiles más complicados para la Casa de Nariño.
Ello obliga a que el reto de la eficiencia de las Fuerzas Militares y de Policía sea sustancialmente mayor en este semestre, no solo para frenar el pico delictivo, sino para blindar el proceso electoral.
En ese marco uno de los elementos clave a tener en cuenta se refiere a la implementación de la política de ‘paz total’, sobre todo en cuanto a los acuerdos de cese el fuego y disminución de hostilidades.
De hecho, se tiene previsto que el 3 de agosto comience a regir el cese el fuego con la guerrilla del Eln, que sin duda se constituye en el mayor desafío de la estrategia de ‘paz’ de Petro en todo su mandato. No solo debe afianzar que la tregua se cumpla (incluyendo la dificultad para obtener un compromiso de esa facción subversiva de no seguir secuestrando ni extorsionando), sino que el cese de operaciones ofensivas contra esta guerrilla no afecte el combate a otros grupos armados ilegales.
Finalmente, la instalación de la mesa de diálogos con el ‘Estado Mayor Central’, el avance de los procesos con las bandas delincuenciales de Buenaventura y Medellín, así como retomar las tratativas con el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’, son los otros retos para los próximos meses en la estrategia de pacificación del Gobierno.
En resumidas cuentas, resulta claro que el reto está en lograr un equilibrio funcional entre la recuperación de la seguridad y la implementación de la política de “paz total”.
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