En un “junio negro” para la leche, con caída del precio al ganadero, la situación en el suroccidente, por la salida de Alpina del Cauca y de La Alquería de Nariño, nos lleva al tema de la estructura de nuestra producción lechera, mayoritariamente minifundista, y al de su sensibilidad frente a la violencia rural y las situaciones de crisis.
En Cauca, de acuerdo con cifras de vacunación contra fiebre aftosa, 18 mil productores suman un total de 228.737 animales, con un promedio de 12 por ganadero, mientras en Nariño, con 35 mil productores, ese promedio es de 8 animales. Si hablamos de lechería, no todas las vacas están en ordeño al mismo tiempo y, entonces, con la producción de 3 o 4, si no menos, se deben asumir costos altos y, además…, vivir, algo difícil cuando los precios caen o no se vende la leche.
Esa es la radiografía de miles de pequeños productores en todo el país, agravada por situaciones estructurales. Alpina se vio forzada a suspender el acopio en Cauca por la violencia de movimientos indígenas ideologizados y por el fuego cruzado de grupos ilegales por el control territorial del narcotráfico.
Nariño sufre también la peor de las violencias, la del abandono y la pobreza rural, de la cual se deriva la violencia narcotraficante. De ese departamento salió La Alquería, no solo por la violencia, sino por las deficientes vías terciarias -un mal nacional-, que convierten el acopio de leche en proeza logística, a la que se suman los sobrecostos derivados del colapso de la Panamericana, aún sin solución.
No se trata, entonces, del ejercicio estéril de las responsabilidades, sino de entender la relación estrecha entre minifundio lechero y pobreza; entre pobreza y violencia y, por ende, de comprender la importancia de la producción lechera para la paz en muchas regiones y en estos departamentos específicamente. Se trata de entender la racionalidad de la producción empresarial, pero también de acudir a la Responsabilidad Social Empresarial y a la solidaridad como factores constructores de paz.
Ahora bien, estamos frente a una problemática estructural de la cadena láctea. El país produce más de 7.000 millones de litros al año a partir de una lechería mayoritariamente minifundista. La industria formal acopia la mitad, cuando mucho, y el resto se coloca en la informalidad, lo cual le da a la industria una posición dominante, agravada por las importaciones crecientes, que lo serán aún más con dólar a la baja.
Por ello es necesario romper esas disfunciones estructurales de la cadena, pues se trata de la supervivencia de más de 554 mil productores en todo el país. Además de la revisión de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, algunas de las propuestas de Fedegán hoy se ventilan como soluciones: incorporación de la leche en el PAE y las compras públicas de alimentos; prohibición progresiva de la distribución de leche cruda, subsidio a productos de bajo costo para incentivar consumo en sectores vulnerables, control al precio de los insumos y vías que disminuyan el costo del acopio.
A todas estas opciones debemos sumarle factores de cambio no menos importantes: la asociatividad promovida desde el Estado, el crédito de verdadero fomento y la asistencia técnica, para que esos pequeños productores no queden solos frente a los mercados.
Son transformaciones que afectan positivamente la realidad rural y que son otro nombre para la paz, que se puede firmar en una mesa, pero solo se construye con decisiones de política pública y con la participación de toda la sociedad y del sector privado, como parte de la solución y no del problema.
@jflafaurie
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