Crisis estructural en La Guajira

* Declaratoria de emergencia, paño de agua tibia

* Urgen medidas de largo plazo y verificables  

Una vergüenza para el Estado colombiano. No de otra manera se puede catalogar que en La Guajira mueran, semana tras semana, niños por desnutrición crónica. Según la Defensoría del Pueblo, con corte al 17 de junio, este año se registran 141 fallecimientos por desnutrición y causas asociadas en menores de cinco años en todo el país. De ese acumulado fatal, el departamento de la costa norte acumula 39 casos, seguido de Chocó con 17.

Pero no es la única crisis que afecta a esta región. Lamentablemente La Guajira es uno de los departamentos con mayores índices de pobreza y exclusión social, con especial foco en las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, las tasas de cobertura de los servicios públicos son de las más bajas del país. Un hecho que no deja de ser paradójico toda vez que esta zona es de las más ricas en cuanto a potencial de aguas subterráneas y altamente propicia para desarrollar de proyectos de generación de energía, sobre todo solar y eólica.

Sin embargo, el flagelo más gravoso es el de la corrupción, la politiquería y el desgreño en el manejo de lo público. Estos dos fenómenos se han cimentado en una clase política en su mayoría cuestionada, al punto que varios de los últimos gobernadores terminaron presos o destituidos, así como muchos alcaldes y funcionarios del orden regional y local. Todo ello sumado a un accionar creciente de grupos criminales de distinta laya, que se lucran del contrabando, narcotráfico y otros delitos de alto impacto, con nexos o desbordes fronterizos hacia Venezuela.

Pero nada de ello es nuevo o reciente. Por el contrario, se trata de problemáticas y flagelos de vieja data. De hecho, los últimos cuatro gobiernos activaron planes de choque e intervenciones extraordinarias con el fin de paliar la crisis política, económica, social, sanitaria, de seguridad e institucional. Incluso, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2015 y 2017 sendas resoluciones urgiendo medidas cautelares a favor de varios resguardos indígenas Wayúu. En ese último año la Corte Constitucional también declaró un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la garantía de los derechos a alimentación, salud y agua potable de menores en dichas comunidades étnicas guajiras.

Como se dijo, los últimos gobiernos han tratado de tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, en el mandato Santos se expidió un documento Conpes al respecto, en tanto que en la administración Duque fueron múltiples las disposiciones ordinarias y extraordinarias en distintos flancos para enfrentar la crisis sistémica. Ahora, en el de Petro, también se han sumado acciones en asuntos relacionados con salud, agua, energía, trabajo y otras áreas… ¿Qué ha pasado con ese alud de medidas? Lamentablemente, pese a la cantidad de ejecutorias y billonaria destinación de recursos las problemáticas continúan presentes, algunas incluso agravándose. La mácula estatal de la muerte de niños por desnutrición crónica es apenas una de ellas.

El Presidente de la República arribó ayer a La Guajira con la intención de gobernar desde allí por varios días, al tiempo que anunció la posibilidad de decretar un estado de emergencia económica, social y ambiental, no solo por la crisis derivada de la escasez de agua y los fallecimientos de menores por física hambre, sino también por el impacto demoledor que se prevé tenga el Fenómeno del Niño en ese departamento, sobre todo por el extremo verano que se aproxima.

Ya varios expertos constitucionalistas advirtieron que acudir a esa declaratoria de emergencia no parece la salida más viable. De un lado, porque los requisitos constitucionales son claros en señalar que se requiere que los hechos que la motivan sean sobrevinientes y comprobadamente coyunturales, algo que no se registra en La Guajira, ya que los flancos de la crisis son endémicos y estructurales. Se entiende la necesidad de tomar precauciones frente al Niño, pero existen otros mecanismos legales y administrativos para hacerlo, sin tener que acudir a un estado de excepción que, a la larga, termina siendo poco práctico debido al carácter temporal de las medidas que se adopten para afrontar “hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública”. Paradójicamente, ya en enero el Ejecutivo había lanzado una “Gerencia” para este departamento.

Hay intervenir urgentemente en esta región, nadie lo niega. Pero la estrategia debe ser estructurada, integral, de largo plazo y, sobre todo, verificable para evitar que este nuevo envión gubernamental se quede, como muchos otros, en el papel o sin la dimensión necesaria para frenar las crisis que se extienden a 15 municipios y más de un millón de habitantes.