EL IMPUESTO 4x1000 o Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) resulta inconveniente para algunos sectores productivos del país, ya que, según Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, promueve la informalidad y perjudica a los pequeños empresarios que hacen transacciones en línea a diario.
Al respecto, el parlamentario destacó que seguirán insistiendo en el Congreso para su erradicación en mediano plazo y criticó al Gobierno nacional por no querer desmontarlo definitivamente, pese a las promesas de campaña que hizo el presidente Gustavo Petro cuando apenas era candidato.
EL NUEVO SIGLO: El impuesto 4x1000 o Gravamen a los Movimientos Financieros ha generado debates en el país desde hace mucho tiempo sobre a quiénes beneficia y para quiénes resulta contraproducente, ¿por qué considera usted que es inconveniente para algunos sectores productivos?
CHRISTIAN GARCÉS: Hemos buscando desmontar el impuesto 4x1000, pero al Gobierno nacional se le ha hecho muy difícil porque es el tercer ingreso, a través de impuesto, más importante de Colombia después de IVA y Renta. En el 2022, se recaudaron $ 12,6 billones de pesos que equivalen al 5,6% del recaudo de impuestos nacionales.
Había que reemplazarlo por otra fuente o disminuir gasto o inversión del Estado. La información que dio el exsenador Gustavo Bolívar fue totalmente falsa, primero porque el impuesto se hizo permanente en el Gobierno de Andrés Pastrana, con la Ley 633 del 2000, la cual, por aquellas épocas, era de 3x1000.
Segundo, lo que aprobó el Congreso en la pasada reforma tributaria y que implementa el Gobierno nacional es que ahora se puedan utilizar varias cuentas para que no se cobre por movimientos hasta $ 13,3 millones de pesos en ingresos. Antes se podía tener el beneficio de no cobrarlo en una sola cuenta.
Resulta inconveniente porque promueve la informalidad, dado que las personas prefieren usar efectivo, lo que golpea, especialmente, a los pequeños empresarios que hacen transacciones en líneas todos los días.
El impuesto debería ser desmontado progresivamente. Nosotros buscamos aprobar un proyecto de ley en el pasado, pero no contamos con el respaldo del Gobierno nacional y, por lo tanto, se hunde.
ENS: ¿Han pensado radicar algún proyecto de ley para la próxima legislatura que arranca el 20 de julio para lograr desmontar, como mencionó, este impuesto de manera progresiva?
CG: Correcto. Seguiremos insistiendo en que se desmonte hacia el mediano plazo, para que cada año la tarifa vaya teniendo un valor menor.
ENS: Se ha hablado del deseo del presidente Gustavo Petro de eliminar este gravamen, ¿qué cree que ocurrió y que aún no se han tomado medidas definitivas? ¿Hay alguna falta de voluntad política?
CG: En la pasada reforma tributaria, insistimos en que se desmontara el 4x1000 en reuniones de ponentes, pero el Gobierno nacional, contrario a las expectativas que generó en campaña, no quiso hacerlo.
Inseguridad
ENS: Sobre los graves problemas de inseguridad en Valle del Cauca, ¿qué podría adelantarnos sobre lo que está ocurriendo esa región?
CG: Lamentamos que el llamado de la señora gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán; y de los alcaldes para que se realicen consejos de seguridad con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, no estén siendo atendidos.
La situación en municipios como Tuluá, Buenaventura, Cali y Jamundí es aterradora. Hay una nueva expresión de violencia que se ve exactamente en el Valle del Cauca.
Las peleas por los territorios urbanos se veían especialmente en Buenaventura. Ahora vemos en municipios como Tuluá y Cali que hay enfrentamientos entre grupos armados al interior de las ciudades que se han venido escalando.
En Tuluá, un grupo armado quiere definir quién se lanza o no a la Alcaldía y exigen tarifas a las contratistas del municipio, además de aportes permanentes de los comerciantes.
ENS: El Gobierno regional también está advirtiendo sobre riesgos de violencia en los farallones, ¿qué cree que está sucediendo y qué se está haciendo para remediar la situación?
CG: Lastimosamente, el Gobierno nacional no está protegiendo el medio ambiente y nuestras zonas de reserva. En Los Farallones, se calcula que hay cerca de 500 personas que están viviendo de la minería ilegal y han empezado a enfrentar al Ejército y la Policía cuando llegan a cerrar las minas, y a confiscar equipos y animales que usan.
Lo importante es que el departamento está pidiendo consejo de seguridad desde hace mucho tiempo al ministro de Defensa y el señor no asiste. Es que la política de seguridad del Ejecutivo es un fracaso.
ENS: Sobre las denuncias de invasiones de tierra en Cauca y Valle del Cauca, ¿cuál es el panorama que se está viviendo en la actualidad?
CG: Desde que se posesionaron Gustavo Petro y Francia Márquez, vienen creciendo los ataques a la propiedad privada, no solo en el norte del Cauca, también al norte del Valle del Cauca.
Hemos visto también cómo están destruyendo los bosques tropicales que son protegidos por los propietarios de estas tierras. Los destruyen las mismas comunidades indígenas violentas que invaden.
ENS: ¿Qué medidas se están tomando para solventar ese problema que pone en peligro la integridad y vida de muchas personas?
CG: Hay muy pocos delincuentes judicializados porque no existe una estrategia del Gobierno nacional para proteger el trabajo honrado en el sector rural.
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