El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, prosiguió ayer con la discusión que entabló con el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, después de que éste lo llamó “fuera de base” porque propuso declarar una emergencia carcelaria tras la tragedia que se presentó la semana anterior en el penal de Tuluá, Valle, donde 52 reclusos perdieron la vida y 30 resultaron heridos debido a un incendio provocado por los mismos internos en el marco de un enfrentamiento.
“Dice el ministro Wilson Ruiz que estoy fuera de base por solicitarle una emergencia carcelaria. Lea, Ministro, las crónicas de las 53 víctimas en Tuluá o repase las 30 víctimas de la Modelo en Bogotá o las 8 en Soacha, para que vea la crisis que ha sido incapaz de intervenir”, acotó ayer el alcalde de Cali.
Agregó el mandatario distrital que “lo de Tuluá es tan doloroso, tan doloroso, que todos debemos encontrar una solución. Lo más triste es que connotado jurista no vea la gravedad de esto”.
En tanto que el pasado viernes el alcalde Ospina indicó que “ahora resulta que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, le quiere trasladar a los alcaldes la horripilante situación vivida en el sistema carcelario que tiene como reciente hecho la muerte de 53 internos en Tuluá. No, Ministro, existe una crisis nacional carcelaria y debe asumirla”.
Dijo también Ospina que “le insistimos y le solicitamos al Gobierno nacional que decrete la emergencia carcelaria porque hay unos problemas muy graves de hacinamiento, comportamientos faltos a la legalidad, de realidades dolorosas”.
Frente al planteamiento de Ospina sobre la necesidad que habría de declarar una emergencia carcelaria en el país, el ministro de Justicia reaccionó señalando: “Es que el Alcalde de Cali siempre está fuera de base. Yo pienso que él tiene que leerse la Ley 65 del 93 y Plan Nacional de Desarrollo”.
El jefe de la cartera de Justicia dijo que, por el contrario, el mandatario de Cali debería avanzar en la construcción de infraestructura para los privados de libertad de la capital del Valle, y en este sentido seguir “el ejemplo de Barranquilla y otras ciudades del país que están construyendo centros carcelarios para poder atender a los sindicados”.
Ruiz señaló que “gran parte de los que han muerto en Tuluá eran sindicados, cuando esta obligación de los sindicados es de los alcaldes y gobernadores, a nosotros (Gobierno nacional) nos corresponden los condenados”.
Aseguró el ministro, en cuanto al cumplimiento de dicha Ley, que “si del año 93 a la fecha, es decir en 29 años, los alcaldes y gobernadores hubiesen construido centros carcelarios el país no tendría un solo interno con hacinamiento”.
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