¡Inseguridad disparada!

* Delincuencia común y organizada desbocadas

* Urge frenar el creciente vacío de autoridad

La crisis de seguridad y orden público en Colombia se profundiza. Por más que desde el alto gobierno se insista en minimizar la gravedad de lo que está ocurriendo en varios departamentos y municipios, resulta innegable que hay un pico delictivo en un creciente número de ciudades y municipios.

Lo ocurrido en la última semana es sintomático de esa peligrosa situación: desde masacres, asesinatos, racha de sicariato, ataques a la Fuerza Pública y enfrentamientos entre bandas criminales, hasta asonadas, secuestros de uniformados, civiles e incluso menores de edad, asaltos masivos en varias ciudades y una ola de extorsión sin antecedentes, con homicidios y atentados terroristas a bordo…  Como si fuera poco, la sensación de ausencia de autoridad es de tal magnitud que los lugartenientes de organizaciones de crimen organizado y común emiten videos, envían audios y profieren amenazas de manera pública a diestra y siniestra, no solo para amedrentar a sus víctimas sino para escalar la sangrienta lucha de ‘control territorial’ en que están enfrascados con facciones rivales…

No hay región del país que esté a salvo de este complicado panorama. Para solo referirnos a los hechos más recientes, en Barranquilla y su área metropolitana la extorsión se convirtió en una especie de pandemia de la que nadie se salva y hay una cruenta ‘guerra abierta’ entre distintas bandas delincuenciales. En Buenaventura, a su turno, recrudeció la violencia entre pandillas y organizaciones criminales, pese a un proceso de diálogo que venía adelantando el Gobierno. Esta semana las autoridades departamentales urgieron militarizar el puerto y ayer hubo allí un consejo extraordinario de seguridad, encabezado por el Ministro de Defensa y la cúpula militar y policial. Arauca sigue como zona crítica, ya que el Eln -con el que se supone comenzó la fase de alistamiento del cese el fuego- no solo continúa hostigando a la población civil, sino que secuestró a una sargento del Ejército con sus dos pequeños hijos y atacó la estación de Policía, en Fortul. En Bogotá, entre tanto, aumentan dramáticamente los hurtos masivos y la ola de extorsión ya desembocó en atentados, como el perpetrado el miércoles en la noche con una granada en un motel de la localidad de Fontibón. Y, como si lo anterior fuera poco, en Bucaramanga la muerte de un motociclista en un confuso hecho en un retén de tránsito, generó una asonada y hasta un ataque terrorista contra una estación policial. A todo ello, se suman varios asesinatos de líderes sociales en algunas zonas rurales, un atentado a una instalación petrolera en Barrancabermeja, el asesinato de tres policías en Norte de Santander, un ‘paro armado’ del Eln en Chocó y muchos otros hechos criminales muy localizados.

Visto todo lo anterior, es claro que la advertencia lanzada por la Federación Nacional de Gobernadores en torno a que hay un clima desbordado de violencia en todo el país no es exagerada ni gratuita. De hecho, ayer el propio Secretario General de la ONU, en su informe periódico sobre la situación colombiana y la implementación del acuerdo con las Farc, daba cuenta de la persistencia de la violencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que “sigue perturbando la vida de los civiles y socavando la construcción de la paz en varias regiones”. Solo entre enero y mayo de 2023 se reportaron casi 20 mil desplazados y 18.789 personas confinadas en 14 departamentos y 38 municipios. En el mismo lapso se registraron 22 masacres y doce desmovilizados asesinados en ocho departamentos…

Revisado todo este panorama crítico resulta casi imposible entender que desde el alto Gobierno, la Oficina del Alto Comisionado, el Ministerio de Defensa e incluso la cúpula militar y policial se insista en que no hay un deterioro drástico de la seguridad y el orden público. Las evidencias están a la vista. Gobernadores, alcaldes, Fiscalía, Procuraduría y organizaciones no gubernamentales lanzan campanazos todos los días al respecto, sin que se note una reacción sólida y contundente del Ejecutivo para hacer frente a esta grave situación que día tras día cobra víctimas directas e indirectas a lo largo y ancho del territorio. Los grupos residuales de las Farc, la guerrilla del Eln, el ‘Clan del Golfo’ y tantas otras facciones de delincuencia común y organizada están desatadas.

Urge, en consecuencia, que el Gobierno asuma la realidad del pico de inseguridad y desorden público. La implementación de su accidentada política de paz y los mensajes confusos sobre el nuevo enfoque y marco operacional del accionar de la Fuerza Pública están generando un vacío de autoridad y de ausencia institucional en muchas partes del territorio, que está siendo aprovechado por los criminales de toda laya, dedicados a agrandar su espectro ilícito y victimizar a la población.