Dice el general Jorge Enrique Mora Rangel que “Colombia se halla frente a una amenaza”, y lo dice como si hubiera descubierto el agua tibia, precisamente él que participó en ese contubernio de La Habana y que ahora se lava las manos como si no supiera ni le constara por dónde corre el agua al molino.
Pero, cuando se debe poner el dedo en la llaga, es mejor tarde que nunca, y por eso el pronunciamiento de los oficiales de la reserva no deja de ser oportuno y necesario. En el comunicado, Mora y sus compañeros dicen que el paro nacional fue instigado por el Foro de Sao Paulo, que los organismos internacionales que defienden los derechos humanos son proclives a los terroristas y enemigos de la fuerza pública y que la obligación del Estado es restaurar el orden
“sin vacilaciones”, haciendo uso del ejercicio legítimo de la autoridad. Finalmente, les piden a los colombianos no ser indiferentes y no ceder ante una minoría radical que pretende imponernos un régimen totalitario. Más claro, imposible.
Sin embargo, hay que lamentar que solo es una declaración de papel que poco o nada puede hacer contra una conspiración muy bien organizada que no solo tiene un notorio armazón político sino un gran entramado judicial. No de otra forma pueden entenderse cosas como que un juez de Cali le otorgue casa por cárcel a uno de los asesinos del policía cuyo cadáver fue arrojado al rio Cauca para desaparecerlo. Y no es una excepción, es la regla de cómo está actuando la justicia a favor de los terroristas que han azotado a varias ciudades en los últimos dos meses.
Preservar un país sin la acción decidida de los entes judiciales es una tarea descomunal. Por eso, en los países desarrollados se aplica una justicia pronta y severa que mantiene las relaciones sociales dentro de un cauce de normalidad. En Francia, hace un par de semanas, un juez condenó a 30 años de cárcel -óigase bien- a un musulmán egipcio que al grito de “Alá es grande” hirió con cuchillo a un soldado en inmediaciones del Museo del Louvre, en París, en 2017.
Pero no vamos muy lejos. En ese mismo país, una joven que por grave imprudencia causó un peligroso accidente en la primera etapa del Tour de France (el 26 de junio), tuvo dos días de arresto y enfrenta una condena de un año de prisión o dos en caso de que los ciclistas perjudicados sufran más de tres meses de incapacidad. Eso parece un chiste aquí, donde no da cárcel ni arrollar fatalmente a un ciclista, un motociclista o un peatón. El conductor termina en casa por cárcel o libre si indemniza a los familiares de la víctima. Los casos abundan y demuestran una excesiva laxitud judicial que corroe la sociedad.
Entonces, tristemente, cunde la ilegalidad y se pretende transar la ley hasta con grupúsculos de desadaptados sociales como los de ‘primera línea’, cuando la misma ciudadanía lo que reclama es mano firme en el ejercicio de la autoridad para poder continuar con la lucha diaria de buscar una mejor existencia. Y no son “gente de bien” de estrato alto; hay que ver cómo recibieron los habitantes del deprimido sector de La Sultana, en Cali, a los agentes de Policía que retornaron después de dos meses: aplaudiéndolos y aclamándolos desde los balcones y las puertas de las casas. Las sociedades -sobre todo las más pobres- necesitan como al aire a sus sacerdotes, médicos, maestros, jueces, policías y soldados. Si cada cual hace su trabajo, el progreso está asegurado.
Parafraseando el Manifiesto Comunista, la amenaza de la que hablan los militares en retiro, es “un fantasma que recorre a Colombia, el fantasma del comunismo”.
@SaulHernandezB
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