El lunes de la semana anterior hubo protestas en toda España por el asesinato de un homosexual de nombre Samuel Luiz, en pleno marco de las fiestas del ‘orgullo gay’. Un lamentable crimen de odio que generó una gran indignación. Pero lo que debería llamarnos la atención a los colombianos es lo que pasó cuando unos cuatro mil manifestantes de colectivos LGTBI se tomaron los alrededores de la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, para protestar por la muerte de su amigo.
Hacia las nueve de la noche, más de mil personas practicaron una ‘sentada’ en plena calle y provocaron ‘corte de tráfico’ en la Gran Vía y la calle San Bernardo, frente al Ministerio de Justicia, por cerca de 40 interminables minutos, mientras la Policía les pedía que se disolvieran sin obtener respuesta positiva. No faltó el grupo de desadaptados que empezó a arrojarles cosas a los agentes, aunque, valga decirlo, no hubo destrucción alguna en edificaciones, vehículos o mobiliario urbano.
Después de las once, la Policía advirtió con megáfonos que hacía el último llamado para que la protesta se disolviera, a lo que nadie se inmutó. Tras unos pocos minutos de espera, apareció en escena el escuadrón antidisturbios y, sin miramiento alguno, disolvió la manifestación en segundos repartiendo bolillo a diestra y siniestra. Y sanseacabó. Obviamente, no faltaron las críticas por un supuesto exceso de fuerza al cargar ‘desproporcionadamente’ contra la multitud, pero de ahí no pasó.
Sin duda, no es lo mismo controlar a unos centenares de personas pacíficas que a varios miles de salvajes radicalizados, entrenados en tácticas de terrorismo urbano, que tienen como objetivo destruir el status quo y sembrar el caos para parir un engendro marxista. Sin embargo, no se puede pasar por alto la comparación por dolorosa que sea: allá bastaron 40 apacibles minutos para decidir que ese ‘corte de vías’ era inaceptable y que, por lo tanto, la manifestación se tenía que disgregar. Aquí pasaron 40 días antes de que el Gobierno se decidiera a levantar los bloqueos que tenían paralizada la economía y secuestrada y atemorizada a toda la sociedad.
Las observaciones sesgadas y las recomendaciones perjudiciales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), un ente de la izquierda continental del que Colombia debería apartarse cuanto antes, no merecen la menor atención. Valdría la pena, al menos, plantear la ejecución de un experimento de eso que llaman ahora ingeniería social para demostrar que los bloqueos -prohibidos expresamente por la ley- no pueden hacer parte de las protestas, como tampoco las otras muestras de violencia, como atacar policías, quemar alcaldías y otros edificios públicos, destruir buses, arrasar bancos y almacenes, etc.
¿Qué tal si se bloquea el ingreso a las casas de algunos dirigentes del paro, de terroristas de ‘primera línea’ o de políticos y periodistas que han apoyado esta insurrección? ¿Qué tal si se les impide a los habitantes de esas casas salir a trabajar o a estudiar? ¿Y si no se les permite el ingreso de domicilios ni de asistencia médica, por ejemplo? ¿Qué pasaría si, además, les cortamos los servicios públicos, agua, luz, teléfono, gas…? ¿Cuánto durarían? ¿Seguirían defendiendo los bloqueos?
Nadie escarmienta en cuerpo ajeno y con los bandidos hay que utilizar sus mismos métodos para que entiendan que no se les puede hacer a otros lo que no quieren para sí mismos. ¿Les gustan las marchas y las protestas? Seguro que no les gustan cuando son en Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde las reprimen en un abrir y cerrar de ojos. Estamos advertidos de una asonada monumental para el próximo 20 de julio. Veremos si las autoridades se pusieron firmes con antelación para desactivar esta amenaza o si le van a dar gusto a la CIDH. Que el presidente Duque no vaya a ser inferior a sus palabras: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”.
@SaulHernandezB
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