El próximo 3 de agosto se iniciará el cese al fuego entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) pactado en el reciente ciclo de conversaciones, por lo que ya se conocieron cuál será el protocolo a implementar para esta medida.
Se trata de las reglas de juego con las que las partes concretan cómo operará el cese de hostilidades y queda contemplado lo prohibido y el funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación que se encargará de acompañar la medida, que abarca todo el territorio colombiano.
En total son nueve los documentos pactados, que incluyen el de Rol de la Mesa de Diálogos de Paz en el cumplimiento del Acuerdo del cese al fuego bilateral, el de Protocolo complementario al mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación para el cese al fuego y el de Rol de la Iglesia católica en el mecanismo de monitoreo y verificación.
También se han firmado el texto sobre Veeduría social y los Mecanismos de Protección Humanitaria, el de Evaluación, prórroga o suspensión del cese al fuego bilateral y el de Seguridad y protección para los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación.
Los tres últimos son Seguridad para el ELN y lugares donde hace presencia, Comunicaciones del acuerdo del cese al fuego bilateral y Pedagogía del acuerdo del cese al fuego bilateral y sus protocolos
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AVANZAMOS EN EL CESE AL FUEGO Y EN LA PARTICIPACIÓN
— Delegación ELN (@DelegacionEln) July 15, 2023
Comunicado N° 12
Hemos acordado 9 Protocolos para el cumplimiento del cese al fuego. Así como el Reglamento y Plan de Trabajo del Comité Nacional de la Participación. La instalación del Comité será el 3 de agosto en Bogotá. pic.twitter.com/jrIAjACOim
Las delegaciones de paz también han pactado el reglamento y plan de trabajo del Comité Nacional de Participación que comenzará a funcionar el próximo 3 de agosto. "Ese mismo día entrará en vigencia de manera plena el cese al fuego bilateral, nacional y temporal por ciento ochenta (180) días", resaltan las partes.
Además, las partes han explicado que lo pactado servirá para facilitar el desarrollo de las elecciones del 29 de octubre al dar tranquilidad a varias regiones del país. "Consideramos que el cumplimiento cabal de los compromisos asumidos en el acuerdo de cese al fuego bilateral y de participación para la construcción de la paz son un aporte concreto a la realización del proceso electoral que culminará con las votaciones territoriales el día 29 de octubre de 2023 y su correspondiente escrutinio", han argumentado.
Finalmente las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN han apuntado que el cuarto ciclo de conversaciones iniciará el 14 de agosto en Caracas, Venezuela.
Estas directrices se suman a las ya anunciadas en la Resolución 194 que se firmó el pasado 8 de julio y que da vida a lo acordado entre los negociadores de paz.
Desde que se anunció el acuerdo para un alto el fuego bilateral se explicitó que tendría tres fases: la primera desde el 9 de junio y que finalizó el 6 de julio, tiempo en el que se hizo el alistamiento del proceso, se terminaron los protocolos, se hizo pedagogía en los territorios y se dio a conocer lo acordado con las estructuras del ELN. Además, se concretó el mecanismo de verificación con trabajo conjunto de Naciones Unidas y de la Iglesia católica.
La segunda fase está vigente desde el 6 de julio y terminará el 3 de agosto. Se aplicará la fase de desescalamiento, se frenarán las acciones ofensivas por parte de las Fuerzas Militares y de la guerrilla del ELN.
La tercera empezará el 3 de agosto y durará 180 días prorrogables, en función de las evaluaciones periódicas del mecanismo y de que se garantice el cumplimiento de las partes comprometidas.
La verificación se hará cada dos meses y creará un mecanismo de evaluación que actuará de manera local y regional para estudiar los posibles problemas que se pudieran presentar durante la vigencia del alto el fuego. Dicha instancia estará conformada por integrantes del Gobierno, el ELN, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica.
El presidente Gustavo Petro ordenó una revisión mensual sobre la ejecución del presupuesto para garantizar que los recursos lleguen a las regiones.
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