EN LOS PRIMEROS días de marzo, en medio del paro minero en las zonas del Bajo Cauca Antioqueño y en el sur del departamento de Córdoba, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro anunció una posible reforma al Código de Minas y la elaboración de unos nuevos términos de referencia en materia ambiental para esta actividad, cuyos textos deberían quedar vigentes en las próximas semanas.
Para lo concerniente a la reforma, hasta la fecha se han realizado reuniones programadas entre representantes del Gobierno nacional y funcionarios del Ministerio de Minas y Energía con los distintos sectores (empresas y voceros) que desarrollan la tarea minera en el territorio nacional, para redactar de manera consensuada un nuevo texto que contenga las reformas al Código de Minas.
Al respecto, EL NUEVO SIGLO preguntó a Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería su concepto frente al tema.
“Desde el sector minero empresarial consideramos que es clave avanzar en el desarrollo de un modelo incluyente en donde todos los mineros, sin importar su tamaño o procedencia, puedan coexistir y desarrollar una minería sostenible. También es fundamental que se facilite y agilice la expedición de todos aquellos trámites que necesita cualquier minero, para poder realizar su actividad de manera productiva, formal y tranquila, incluyendo la revisión urgente de la Ley 2 de 1959”, señaló.
Agregó que “precisamente para llegar a este modelo de coexistencia, es necesario tener en cuenta los resultados de espacios como la reciente Cumbre Minera, que se llevó a cabo en Bogotá y en la que participaron gremios, empresas, medianos, pequeños mineros y comunidades”.
En ese sentido, el presidente de la Asociación enfatizó en las conclusiones principales del evento. La primera es que mineros ancestrales, tradicionales, de comunidades étnicas, pequeñas, medianas y grandes, coincidieron en la necesidad de generar espacios de coexistencia para todos los actores involucrados en el sector.
“Para ello se requiere que de manera urgente se armonice la visión que se tiene de esta industria por parte de los Ministerios de Minas y de Ambiente, facilitando y agilizando la expedición de todos aquellos trámites que necesita cualquier minero, para poder realizar su actividad de manera productiva, formal y tranquila, incluyendo la revisión urgente de la Ley 2 de 1959”, sostuvo.
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Adicionalmente, hubo un consenso por parte de la comunidad presente en que el conflicto en los territorios no es causado ni motivado por la actividad minera si no por la ausencia del Estado, razón por la cual, hay un reclamo al Gobierno Nacional para aumentar su presencia en estos territorios, no solo a través de la fuerza pública, sino a través de la oferta institucional y en cumplimiento del mandato constitucional y así garantizar el derecho al trabajo, seguridad y vida digna de los mineros del país.
Garantía de derechos
Por su parte, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, señaló que aún no está claro que se vaya a presentar una reforma al Código de Minas.
“Aunque el Gobierno nos ha convocado a dos ejercicios, uno para conocer las bases de la reforma y otro, masivo, para escuchar a los sectores interesados, aún no se conoce un borrador de articulado. De cualquier forma, lo que le hemos manifestado al gobierno nacional es que cualquier tipo de reforma debe garantizar los derechos adquiridos y la confianza legítima sobre los titulares mineros. Pareciera que la propuesta de reforma se basa en la creación de una empresa nacional minera y un nuevo modelo de asignación de áreas cuando el principal problema observado se encuentra en una deficiente administración minera y ambiental de los recursos mineros”, aseveró.
Finalmente, Jhon Basto Peñaranda, director de Asominería, le dijo a EL NUEVO SIGLO que la situación actual de la minería en Colombia, es de un descontrol total del Estado Colombiano.
“Esto debido a la altísima informalidad (minería sin título minero) que hay en Colombia, sobre todo minería de carbón y oro. La comercialización de minerales tampoco tiene control, así como su producción, hoy en día es muy fácil comercializar oro, carbón y otros minerales, inclusive el coltán o tierras raras. Este gran problema no lleva meses, lleva años”, explicó.
En lo que respecta a la reforma a la ley minera y creación de ecominerales estratégicos para la transición energética, el Director aseveró que puede ser una buena idea, sin embargo, advirtió que no hay antecedentes en otro país que les brinde certeza de ello.
“Si una estatal minera se encargaría de tan alta importante tarea, ¿será capaz de cumplir toda la normatividad minera, ambiental, social, y de seguridad que exige el mismo gobierno? Si pensamos bien, sería una empresa que debería dar ejemplo, esto implica un reto enorme, que bien creo yo debería planearse muy bien y no aventurarse en un afán de aprobar leyes tan importantes para el país”, concluyó.
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