La Corte Penal Internacional ha dicho que si los procesos contra los militares implicados en los llamados falsos positivos no son debidamente juzgados y sancionados; entonces 29 generales y coroneles podrían ser llamados a juicio por aquella instancia internacional.
Los falsos positivos en cuestión son 1.228 casos, de los cuales algunos son claras y evidentes violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; sin embargo otros son eventos distintos; donde bajas de paramilitares se incluyeron en las del Ejército, ejecuciones por fuera de combate o adulteraciones que pretendían esconder errores cometidos -asuntos que deberían ser cobijados por el fuero penal militar-, además hay una buena lista de procesos falsos y acusaciones injustas.
Es un primer campanazo de alerta sobre lo que puede suceder. Las decisiones de impunidad -cero cárcel- de la JEP sobre estos asuntos, pueden ser consideradas insuficientes por la CPI, que procedería a reabrir esos procesos.
Aquello genera buenas noticias en lo que se refiere a aquellos crímenes atroces cometidos por miembros de nuestras fuerzas armadas, que serán sancionados, como corresponde. Malas noticias para los militares implicados en injustas investigaciones que tendrían la desgracia de volver a revivir todo su calvario judicial. Pero tiene también el contexto feliz de que los crímenes de lesa humanidad de las Farc no quedarán impunes, pues toda la JEP quedaría en entredicho.
La advertencia no debe entenderse limitada a las FF.AA. Investigar, juzgar, sancionar pero no imponer un castigo proporcional la gravedad del crimen es una sofisticada forma de hacer trampa; pero por sofisticado que se pretende sigue siendo una burla a las normas. Por eso la impunidad de las Farc ya empezaría a flaquear.
Hemos insistido desde el Centro Democrático en que los militares y policías de Colombia no pueden seguir sometidos a justicias injustas. Los procesos que ha llevado la justicia ordinaria han sido en su mayoría destruyendo la garantía básica del fuero penal militar. Muchos fueron condenados con falsos testigos, con interés en las demandas contra el Estado en vez de basados en la búsqueda de la justicia. Más aún, la mayoría de los procesos desconocieron el Derecho Internacional Humanitario. Las FF.AA. requieren una justicia imparcial, que definitivamente no es, no puede ser, una justicia diseñada por las Farc, con magistrados elegidos por cinco desconocidos pero con claras preferencias ideológicas a favor de las Farc y en contra del Ejército.
Requerimos una justicia que revise los procesos de los militares que pese a estar sancionados, insisten en su inocencia, aquellos donde hubo falsos testigos o desconocimiento de las normas aplicables. De lo que se trata es que haya justicia, y no -como se pretende en la JEP- presionar confesiones -aunque sean falsas- a cambio de la libertad.
Los militares -que no pueden ser amnistiados como ya lo han sido más de 7 mil guerrilleros- requieren libertad condicional inmediata, cuando sus condenas ha sido cumplidas en una quita parte y sus procesos se deben a acciones desarrolladas en operativos lícitos para preservar el orden público. La justicia es un valor fundante del Estado de Derecho, sin ella todo será vano.
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