EL ÍNDICE de violencia en Valle del Cauca se ha incrementado de manera alarmante y el presidente Gustavo Petro ha desatendido los llamados de la gobernadora, Clara Luz Roldán, para establecer mecanismos efectivos que permitan mitigar la criminalidad.
Así lo dio a conocer Christian Garcés, representante a la Cámara por Centro Democrático en dicho departamento. Aseguró a EL NUEVO SIGLO que, durante la administración actual, la región ha perdido cerca de 600 policías, por lo que se requiere redoblar el pie de fuerza.
EL NUEVO SIGLO: Se ha generado una situación de orden público bastante grave en el Valle del Cauca. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo en este departamento que los índices de violencia van en aumento?
CHRISTIAN GARCÉS: En mi concepto, desde que se firmaron los acuerdos de La Habana, viene en crecimiento la producción de coca en el suroccidente. Y los grupos armados y narcotraficantes que producen esta coca han aumentado su capacidad de dominar territorios. Tienen diferentes formas de expresarse en el Valle del Cauca.
En el caso de Jamundí, las montañas están siendo controladas por grupos de narcos, donde la movilidad está restringida. Ahora en elecciones, están decidiendo quiénes pueden aspirar y quiénes no al Concejo de Jamundí. Amenazan a la Fuerza Pública y a la institucionalidad constantemente.
Esto no está sucediendo solamente en Jamundí. En el caso de Tuluá, es difícil la situación con grupos de narcos organizados y armados. En este caso, dichos grupos han tratado de controlar la economía del municipio, extorsionando, secuestrando, amenazando y asesinando personas, para exigir dinero constante.
También están intentando aumentar su poder en la Alcaldía Municipal, por lo que se dio el asesinato de funcionarios de la Secretaría de Tránsito. Es que hay una lucha entre grupos delincuenciales que genera esta violencia.
ENS: Diversos sectores políticos y sociales han puesto la lupa en Jamundí por dos ataques con granadas en menos de una semana. ¿Cómo está la situación en ese municipio?
CG: En Jamundí, se habla de más de 1400 hectáreas de coca, donde hay presencia de mexicanos y disidentes de las Farc que están pensando en mantener y controlar el negocio de las drogas. Estos territorios que tienen coca han generado inconvenientes una vez que no quisieron entrar en los programas de sustitución de los acuerdos de La Habana.
Estos grupos han aprovechado el empoderamiento comunitario para no permitir que el Ejército y Policía cumplan su labor de erradicación forzosa de los cultivos ilícitos. Se han enfrentado con mujeres y niños a nuestros soldados y policías, y lastimosamente los gobiernos nacional, departamental y local no han logrado restablecer economías legales en las montañas de Jamundí.
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Alertas
ENS: ¿El Gobierno ha respondido a las alertas que se han lanzado por la extensión del narcocultivo en el Valle?
CG: Es lamentable que los llamados de la señora gobernadora del Valle (Clara Luz Roldán), además del de los alcaldes de Jamundí (Andrés Felipe Ramírez), de Cali (Jorge Iván Ospina), entre otros, donde necesitamos una intervención general y contundente del Gobierno nacional, con la Fuerza Pública, contra el crimen organizado, no han sido atendidos.
En estos días han estado haciendo consejos de seguridad en Buenaventura, acto que celebramos. Pero el problema no es solamente en Buenaventura, es en el Valle del Cauca en general, donde se está deteriorando la seguridad por la presencia de grupos armados que están produciendo coca en el suroccidente.
Pie de fuerza
ENS: ¿Cree que el Ejecutivo ha respondido de manera efectiva por las alertas de la Gobernación para que redoble el pie de fuerza en vista del pico de criminalidad?
CG: Por el contrario. Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha disminuido el número de policías en el Valle del Cauca. Cerca de 600 policías hemos perdido en dicho departamento.
En dicho departamento se ha pedido que haya una mayor capacidad de policías, funcionarios especializados en temas de narcotráfico, al igual que fiscales e investigadores para desmantelar los grupos criminales.
De lo contrario, el problema de la inseguridad seguirá creciendo en el Valle. Es que no ha existido la voluntad por parte del Gobierno, razón por la que ha crecido el pico de inseguridad en ese departamento.
ENS: ¿Qué medidas deben tomarse por las alertas tempranas sobre violencia electoral que afecta a candidatos a gobernaciones, alcaldías y concejos?
CG: Necesitamos presencia del Ejército y Policía en zonas rurales del departamento. Para facilitar el activismo político con garantías, se requiere que candidatos de importancia y reconocida trayectoria que están siendo amenazados, como Gustavo Vélez en Tuluá, sean protegidos. Pero hasta el momento, lastimosamente, no ha ocurrido.
Se entiende que no puede dársele atención en este sentido a todos los líderes de Colombia, pero en casos de estos candidatos que aparecen de primero en las encuestas y están siendo sumamente amenazados, debe brindárseles una atención especial por parte del Estado.
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