¿Habemus canciller?

¿Están pasando tantas cosas inexplicables en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo común es preguntarse si hoy contamos con en esa cartera a un ministro apto? Acabamos de pasar por el escándalo del actual embajador de Colombia, León Freddy Muñoz, quien participó en una reunión de carácter político en Nicaragua, rompiendo una de las reglas de oro de la diplomacia mundial: la de no inmiscuirse en los temas políticos internos del país sede. Además de su asistencia a dicho evento público, cometió otras dos faltas graves: el haber tenido la osadía de usar en su vestimenta una pañoleta o un pico de gallo en su indumentaria, como signo de aprobación a la revolución impuesta por Ortega en esta nación y haber resaltado públicamente su felicidad al observar la grandeza de dicha revolución. Esa es hoy una dictadura cuestionada en todo el mundo por violar los derechos humanos, poniendo preso a quien piensa diferente a él, entre otros a monseñor Rolando Álvarez y a todos los católicos que hacen público su credo.

Pareciera que este embajador no hubiese tomado el curso obligatorio que se le exige a todo funcionario colombiano que pretende representar a nuestro país y que es de carácter obligatorio por la dependencia de Talento Humano.

Leyendo la guía Diplomática, “el libro verde o de Petete” como lo llamábamos en mi época, me permito recordar el artículo 89 de la guía Diplomática y el Estatuto Disciplinario de la Cancillería que reza lo siguiente: “Programa de inducción y reinducción. Quienes fueren designados al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de ejercer el ejercicio de sus funciones, deberán participar en el programa de inducción...En todo caso, e independientemente de la actividad o actividades que integraren el programa de inducción, este deberá contener una información sustentada en los principios rectores del servicio exterior a que se refiere el articulo 4  de este Estatuto y en la presentación de la Misión y de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores... El ejercicio de funciones sin el cumplimiento de este requisito será causal de mala conducta para el jefe inmediato y para el funcionario respectivo.”

En mis tiempos y bajo la tutela de la que considero una de las mejores cancilleres que ha tenido nuestro país, María Angela Holguín, quien dirigía no solo la disciplina, sino la gerencia, la planeación, evaluación y control de todas las actividades del ministerio con un sobrado conocimiento en lo internacional, lo financiero, administrativo, además de su fluidez en francés e inglés, dudo que un caso de este tenor se hubiera permitido y aceptado. Me imagino el escándalo de la izquierda, juzgando un acto semejante en el Congreso. Es realmente inaudito y juzgable a todas luces un comportamiento de un embajador que parece no haber asimilado el curso de inducción y el no tener e tino ni la inteligencia para desempeñar este cargo.

Y no me refiero solo a este funcionario, dado que parece que el secretario general de la Cancillería no está cumpliendo con sus funciones a cabalidad, ya que solo le importa sacar los beneficios de la contratación, al no aplicar la Ley 80 que es obligatoria en el sector público, sino pretender hacer la contratación con los parámetros del régimen privado como si la Cancillería no fuera del orden público. Hay quejas permanentes de su falta de eficiencia y control en los procesos especialmente de contratación.

Por otro lado, este gobierno nombró un jefe de talento humano que irrespeta a los funcionarios sacándolos sin importar que están próximos a pensión o que sufren de alguna enfermedad. La oficina de pasaportes es otro caos, debido a la mala gestión y a la falta clara de eficacia y optimización en el proceso de visas, pasaportes, apostillas. Sin mencionar que cuando el SITAC, no funciona tienen el descaro de decir que es culpa de 30 años de atraso. Me pregunto ¿por qué en la administración pasada con la Dra. Holguín todo funcionaba aun a pesar de posibles atrasos? El agendamiento de citas se satura a los 5 minutos de abrirse el sistema y es así como los tramitadores cobran al ciudadano colombiano entre 70 a 1.000 dólares por dicho trámite.

El canciller solo está interesado en los distintos procesos de paz que este gobierno lleva. Lo único que le importa son los nombramientos de sus amigos personales y los políticos de la vicepresidenta y obviamente del jefe de Estado sin los requisitos mínimos, lo que es un reclamo permanente de los funcionarios de carrera. Esto lo debería sancionar los organismos de control.