LA SOSPECHA de que hubieran ingresado dineros de origen ilícito a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, fue confirmada ayer por el propio hijo del mandatario, el diputado Nicolás Petro Burgos, quien fue imputado ya por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Se trata de una circunstancia jurídica y política muy grave, tanto para la persona del jefe de Estado como para su Gobierno, que el próximo lunes cumple su primer año.
La campaña de Petro ya venía bajo la lupa de la Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En todas esas instancias, dentro de sus respectivos marcos de competencia jurisdiccional, se adelantan sendas pesquisas sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Petro al poder en junio del año pasado.
Dichas investigaciones partieron de dos circunstancias puntuales:
Por un lado, por las acusaciones que al comienzo del año hiciera la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, quien reveló que el también diputado de la Asamblea del Atlántico habría recibido dineros de personas relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo, específicamente de Samuel Santander López Sierra, conocido como ‘El hombre Marlboro’, (quien fue extraditado a Estados Unidos y pagó condena por tráfico de drogas) y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, quien fue investigado por sus presuntas relaciones con grupos armados ilegales.
Según lo revelado por Vásquez en su momento, recursos entre 1.500 y 2.000 millones de pesos habían sido recibidos por Nicolás Petro, tanto de López Sierra como de Hilsaca, con destino a la financiación de la campaña presidencial en el Atlántico y otras regiones del Caribe, pero la pareja se habría quedado con una parte de esos dineros para comprar propiedades y financiar costosos gastos personales.
El segundo frente de sospecha sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro derivó de la filtración de unas conversaciones entre el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la entonces jefe de Gabinete, Laura Sarabia, en las que el primero reclamaba de manera airada que el Gobierno no estaba valorando su rol en la contienda proselitista del año pasado, e incluso sostuvo que fue por su intermedio que se lograron conseguir más de 15.000 millones de pesos para financiar la campaña en la Costa Caribe. Es más, el exsenador amenazó con que si él contaba quiénes habían aportado esa millonaria suma, todos podían terminar presos y el Gobierno se podría caer.
Si bien es cierto que tanto a Nicolás Petro, Benedetti, Sarabia, así como a otros ministros y altos funcionarios se les ha citado ya a rendir declaraciones ante la Fiscalía, Procuraduría y CNE, ninguno de ellos había aceptado ante las autoridades que había incurrido en irregularidad alguna ni que se hubiera presentado anomalías en la financiación de la campaña.
Sin embargo, ese escenario cambió radicalmente ayer, cuando Nicolás Petro, capturado el pasado fin de semana junto a Vásquez, le admitió a la Fiscalía, en el marco de un acuerdo de colaboración en busca de un Principio de Oportunidad, que sí recibió estos dineros de origen ilícito y que una parte de los mismos fueron utilizados para la financiación de la campaña presidencial.
El fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso del Nicolás Petro y Vásquez, en la audiencia de ayer, en donde se estaba definiendo qué medidas de aseguramiento se les imponía, afirmó de manera categórica que el diputado estaba dispuesto a aportar pruebas sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que recibió tales dineros y su destino.
El mismo fiscal dijo que dentro del parámetro de colaboración, Nicolás Petro aceptó “que sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra conocido como ‘El hombre Marlboro’; del señor Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca; del señor Oscar Camacho en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander; de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental, esposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así entre los dos poder blanquear los bienes, producto de ese incremento patrimonial (…), y otra parte de estos (dineros) fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022 (…). Los dineros ingresaron a sus arcas (de Nicolás Petro) y otros a la campaña presidencial del año 2022 donde resultó electo el actual presidente Gustavo Petro ”.
Cabeza de proceso
Tanto el testimonio que está dispuesto a dar el diputado Petro como Vásquez, que también busca un Principio de Oportunidad, se convierten en la nueva piedra angular de los procesos contra el presidente Petro, la cúpula de su campaña electoral, el propio Benedetti, Sarabia, algunos ministros, congresistas y altos funcionarios aforados, cuyos nombres han sido mencionados en los procesos que se adelantan en la Fiscalía, Procuraduría, CNE y Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, instancia esta última que lleva los casos contra los jefes de Estado.
Las pruebas que aporten Petro Burgos y Vásquez anulan la estrategia de Benedetti en torno a guardar silencio ante la Fiscalía y el CNE, en tanto que pone en la mira de las autoridades penales, disciplinarias y administrativas a personajes como Ricardo Roa (gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol), varios ministros, reconocidos empresarios de la Costa como los de la “familia Torres” (grupo económico señalado de ser muy cercano a las toldas petristas), a la propia Sarabia, entre otros.
Hasta el momento, tras el inicio de los procesos contra Nicolás Petro y el escándalo por los audios de Benedetti, los encargados de la campaña presidencial habían reiterado que no hubo anomalía alguna en la financiación, ya que esta se sufragó con un crédito bancario que fue cancelado en su totalidad con los recursos de la reposición de votos que el Estado entregó al Pacto Histórico tras la primera y segunda vueltas electorales.
El presidente Petro, Roa, y otros altos cargos gubernamentales siempre han negado que se hubiese presentado el ingreso de dineros ilícitos e incluso en su momento se llegó a decir que el diputado Petro había engañado a muchas personas de la costa diciéndoles que los dineros que les pedía iban para la campaña, pero en realidad él se quedaba con esos recursos. Es más, el país recuerda que el jefe de Estado llegó a decir, para marcar distancias a las acciones de su hijo, que “él no lo había criado”.
Lo cierto es que la legislación vigente, sobre todo a partir de la Ley 1864 de 2017, castiga de forma drástica la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes y límites de gastos, así como la omisión de información sobre los aportantes en las cuentas que se entregan ante el Consejo Nacional Electoral. No solo se prevén penas de prisión que van de 4 a 8 años, sino que las mismas se aplican tanto al gerente de la campaña infractora como al mismo candidato. Esto implica, entonces que, si las pruebas que aporten Nicolás Petro y Vásquez son lo suficientemente sólidas, no solo darían lugar a un procesamiento penal al presidente Petro en el Congreso (en donde hoy su coalición es minoritaria), sino que, además, podría dar lugar a condenas penales y disciplinarias contra varios ministros, funcionarios aforados, altos cargos del Gobierno, empresarios, congresistas y dirigentes del orden nacional, departamental y local.
De hecho, ayer, tras lo advertido por la Fiscalía, se empezaron a radicar más denuncias contra el presidente Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, al tiempo que partidos políticos de oposición, independientes e incluso voces de la centroizquierda calificaron de supremamente grave lo revelado por el ente acusador, ya que se pone en duda la legitimidad y estabilidad gubernamental. Hasta solicitudes de renuncia del mandatario se pusieron sobre la mesa.
Consciente de la gravedad de la situación, el jefe de Estado (de quien se dice habría tratado de hablar con su hijo ayer en la mañana, pero este no aceptó), le salió al paso a la polémica. “Si fue mi pueblo el que me eligió a nadie más le debo la elección. Tengan la absoluta certeza que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. Nos vamos hasta el año 2026″, indicó.
Petro agregó que “el presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito: ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con el poder”.
"A ninguno de mis hijos ni de mis hijas les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido. No es la primera vez que han intentado usar las cicatrices familiares, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca, claro que han intentado utilizar todas las debilidades para abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia", puntualizó.
Así las cosas, a punto de cumplir su primer año de mandato, el presidente Petro no solo perdió su coalición mayoritaria en el Congreso, afronta crisis en distintos flancos, registra una caída en las encuestas y tiene sus principales reformas bloqueadas, sino que, además, la sombra de duda sobre la financiación de su campaña lo tiene al borde de un juicio político y una crisis institucional y judicial sin precedentes.
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