Una respuesta hemisférica

*Interminable migración irregular por Darién

*Urgen medidas más estructurales y efectivas

La cantidad de migrantes irregulares de distintas nacionalidades que continúa arriesgándose a cruzar la peligrosa ruta selvática del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, con la ilusión de llegar a Estados Unidos, sigue en aumento.

El último reporte de las agencias de la ONU para los Refugiados (Acnur) y para las Migraciones (OIM) alertó que entre enero y julio casi 250.000 personas transitaron por la selva del Darién y arribaron al país del istmo. De acuerdo con las autoridades locales se trata de una cifra récord que supera los registros de todo el 2022.

Paradójicamente, este repunte del flujo de población migrante ilegal se da de forma paralela a las legislaciones de ‘zanahoria y garrote’ que se han implementado en el continente en los últimos tiempos con el fin de frenar este dramático fenómeno. Medidas que van desde un endurecimiento de las políticas del gobierno estadounidense para restringir el ingreso de centenares de miles de personas por su frontera sur, hasta los esquemas multidisciplinarios de apoyo humanitario que se han activado en muchos países centroamericanos y sudamericanos, no solo asistir a estos ríos humanos, sino para implementar algunos mecanismos anunciados por Washington para regular a distancia el otorgamiento de visas y permisos extraordinarios de entrada al territorio de esa potencia.

Dentro de estos últimos se encuentra, por ejemplo, el programa de “Movilidad segura”, que puso en marcha el gobierno Biden como fórmula alternativa al vencerse, meses atrás, la vigencia de la restricción sanitaria del llamado “Título 42”, que se empezó a aplicar en el comienzo de la pandemia de Covid-19 y fue clave desde 2020 para bloquear y expulsar a una gran cantidad de personas que buscaba ingresar a ese país sin autorización legal.

Mediante ese esquema de “Movilidad segura”, la Casa Blanca activó una especie de oficinas migratorias extraterritoriales en Guatemala, Costa Rica y Colombia. Allí los nacionales de determinados países pueden empezar su trámite para obtener visa o permisos temporales de ingreso a territorio norteamericano, sin tener que arriesgarse a completar un largo, peligroso y muchas veces fallido trayecto hasta la frontera norte mexicana.

La activación de este mecanismo ha requerido un proceso bilateral muy detallado. De hecho, para el caso de nuestro país, solo esta semana los gobiernos de Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para desarrollar, por un periodo de seis meses, la fase exploratoria de la iniciativa. Según informó la Cancillería, previo el cumplimiento de algunos requisitos, los solicitantes de refugio provenientes de Cuba, Haití y Venezuela pueden tramitar en oficinas ubicadas en Medellín, Cali y Soacha (Cundinamarca) sus respectivas peticiones a las autoridades norteamericanas.

Ahora, para el caso de los colombianos, que no pueden acceder a esa plataforma de “Movilidad Segura”, también se plantea una alternativa. Por un lado, ambos gobiernos acordaron expandir las vías legales para que nuestros nacionales viajen, estudien, vivan y trabajen en los Estados Unidos. También se están implementando más procesos para el otorgamiento de permisos humanitarios bajo la modalidad de “reunificación familiar”.

Son medidas positivas, es innegable. Sin embargo, el problema de fondo persiste. Lo cierto es que mientras no exista una acción más coordinada y decidida entre países de origen, tránsito y destino de los migrantes ilegales en el continente, será muy difícil disminuir este tipo de movilizaciones poblacionales en busca del todavía vigente “sueño americano”. Las agencias de la ONU sostienen que se requiere una “solución hemisférica” de amplio espectro, lo que resulta lógico. Otros expertos llaman a hacer vinculantes y exigibles los compromisos asumidos en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, adoptada en junio de 2022, en el marco de la Cumbre de las Américas, en California.

Distintos estudios señalan, a su turno, que mientras no se apliquen mejores políticas de desarrollo y mejora efectiva de la calidad de vida en Latinoamérica, este fenómeno seguirá presente. A ello se suma que hay consenso en torno a que las políticas migratorias nacionales abiertamente restrictivas han demostrado ser poco eficientes y, por el contrario, solo incrementan las ganancias de las redes criminales de tráfico de personas, así como la victimización diaria de decenas de miles de trashumantes.

Visto todo ello, es de prever que el tránsito de migrantes por el “infierno” del Darién siga aumentando a corto plazo. Como se dijo, se requieren medidas más de fondo y eficientes que las hasta ahora activadas. Aunque no se desconoce que es una problemática compleja, es claro que los ‘paños de agua tibia’ no la combaten de forma sustancial.