La terna de Fiscal

CON seis meses de anticipación -el periodo del Fiscal Francisco Barbosa termina el 17 de febrero del 2024- el presidente Gustavo Petro ha remitido a la Corte Suprema de Justicia la terna para selección de su sucesor, con la observación de que solicitará la designación de un Fiscal ad-hoc con el objeto de que se encargue de representar al organismo en el caso del proceso que se adelanta contra su hijo Nicolas Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, quien afirma hubo ingreso de dineros ilícitos en la campaña de elección de su padre.

Sin entrar a analizar las hojas de vida de las tres postuladas, al mandatario lo tocan investigaciones que lo debieran haberse inhibido para enviar la terna, este aspecto seguramente será estudiado por la Corte que tardará en pronunciarse porque queda tiempo y es obvio que si elige nuevo Fiscal desde ahora ello repercutiría en el desarrollo de las funciones del actual, que adelanta importante tarea merecedora del reconocimiento ciudadano con resultados positivos en su valeroso trabajo contra los distintos tipos de delincuencia.

Sorprendentes las determinaciones gubernamentales de los últimos meses, las equivocaciones en la designación de funcionarios, los numerosos cambios de ministros y de altos mandos, los conflictos, la discrepancia de ellos con las instrucciones presidenciales, las cuales, la mayoría de las veces resultan contradictorias e ininteligibles.

La terna crea problemas, no contribuye al fortalecimiento de la Fiscalía de la Nación, entidad encargada de investigar y acusar ante juzgados y tribunales competentes a quienes se presume han cometido algún delito contra la vida, la seguridad y los bienes. El ente acusador cuenta con dependencias en todo el país y cerca de veinticinco mil funcionarios.

Comparto la tesis del profesor Juan Manuel Charria de que todo servidor público debe declararse impedido cuando el interés particular y directo entra en conflicto con el general propio de la función pública.

Sobre la terna refleja una vez más la derretida del Estado en perjuicio de la democracia, el debilitamiento de la autoridad, se suma a lo relacionado con las negociaciones por la paz que cambian la ética, desaparecen delitos, consideran el archivo de expedientes y otorgan posición privilegiada a los infractores de la ley afectando principios constitucionales, así muchos consideren que este es el precio obligado para la conquista de la paz, anhelo comunitario del pueblo colombiano.

La administración Petro es una caja de sorpresas estresantes, a diario nos preguntamos cual será la siguiente, no es bueno el pronóstico acerca de lo que sucederá con la terna de Fiscal y las propuestas de reforma presentadas a consideración del Congreso. Desde luego corresponde mantener la calma y abstenernos de aumentar tensiones con actitudes que en nada contribuyen al esclarecimiento de la verdad, a la acción de la justicia, recibimos las manifestaciones del presidente de que se le formulan cargos injustos, para bien comunitario ojalá que pueda comprobarlo en forma contundente, a ninguna Nación, independientemente de ideologías, le sirve la zozobra.