POR MEDIO de un Estudio Sectorial, la Contraloría General de la República (CGR), señaló una serie de posibles riesgos fiscales y deficiencias en el papel del ICBF en la garantía de las condiciones laborales de las más de 40.000 madres y padres comunitarios que prestan sus servicios a casi 500.000 niños menores de 5 años.
Proyecciones realizadas por la CGR indican que se podría presentar un impacto fiscal en el presupuesto del ICBF, de aproximadamente $ 1 billón adicionales en cada vigencia.
Se logró identificar, de acuerdo con las respuestas a las 1755 encuestas realizadas a madres y padres comunitarios, que los requerimientos relacionados con la mejora en sus condiciones laborales se orientan a la contratación directa a través del ICBF, sin intermediación a través de operadores, para garantizar estabilidad laboral, al igual que sus derechos a salud y pensión.
Se contempla el reconocimiento del Bono Pensional de Vejez, para aquellas madres que no han cumplido con alguno de los requisitos para acceder a su pensión, además de un aumento salarial, ya que en la actualidad devenga 1 salario mínimo, igualmente, del reconocimiento de categorías salariales, de acuerdo con su perfil académico, años de experiencia, y pago de horas extras.
Respecto a las labores de supervisión de los contratos con operadores a cargo del ICBF, dicha supervisión se limita a un control netamente administrativo, dejando de lado la supervisión financiera y jurídica, circunstancia que limita la solución de los problemas con oportunidad, en aras de garantizar la prestación del servicio a la primera infancia en condiciones de normalidad.
Verificación
Se evidencia que no se realiza una correcta verificación de los perfiles de las personas vinculadas como madres y padres comunitarios, y tampoco se ejerce un control y seguimiento a su adecuada contratación y correcto pago de prestaciones sociales.
En el proceso de verificación de la eficacia de la gestión del ICBF, se evidenciaron inconsistencias en la información suministrada por el Instituto frente a la ejecución presupuestal en la modalidad comunitaria en las vigencias 2016 a 2022, superiores a los $ 40 billones.
Por lo tanto, esta situación pone de manifiesto la posible materialización de riesgos que pueden conllevar a pérdidas en el recurso público, toda vez que la entidad no tiene certeza de los recursos ejecutados en el programa.
Mientras que, las diferencias existentes entre la información suministrada por el ICBF, frente a los datos del sistema de seguimiento a proyectos de inversión SPI, ascienden a una suma superior a los $ 9 billones.
La CGR hace un llamado urgente al ICBF, en aras de que se fortalezcan los sistemas de recaudo, administración y control de la información entre las diferentes territoriales y el nivel central, en garantía de su veracidad y correspondencia con la realidad. Sin instrumentos de seguimiento y control adecuados, la entidad seguirá adoleciendo de sistemas de medición para determinar los impactos de la política pública de primera infancia, ejecutada en todo el territorio nacional.
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Frente a los anuncios del Gobierno Nacional, respecto a los procesos de normalización de la vinculación laboral de madres y padres comunitarios en la planta del ICBF, materializados en los Artículo 137 y 139 del PND 2022-2026, se hace igualmente un llamado de atención para que el ICBF adelante los estudios respecto de los subsidios de subsistencia para exmadres y padres comunitarios y sustitutos, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en las proyecciones realizadas por la CGR, se observa que se podría presentar un impacto fiscal en el presupuesto del ICBF, sin tener en cuenta los subsidios de subsistencia, sobre los cuales la Contraloría no tiene certeza, por no existir estudios técnicos y económicos por parte de la entidad.
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